Los juzgados de Málaga arrastran más de 140.000 casos sin resolver y casi 100.000 sentencias sin ejecutar

Los órganos que acumulan más procedimientos sin resolver son, de lejos, los de primera instancia, donde la cifra de asuntos pendientes asciende a 65.102. Como indica el Alto Tribunal andaluz, la carga de trabajo de estos juzgados se ha visto superada de forma llamativa en prácticamente todos los partidos judiciales de la comunidad autónoma, pero «singularmente en el caso de Málaga», que el pasado año ingresó un total de 93.655 asuntos. Estos, además, se sumaron a los 52.062 pendientes del año anterior. De ahí que, para el TSJA, sea necesario reforzar su plantilla con, al menos, 25 nuevos jueces.

Los juzgados de lo social también cerraron el año lastrando una cantidad importante de asuntos sin resolución, en concreto 23.430. Los magistrados de esta jurisdicción recibieron en 2024 un total de 17.815 procedimientos, que se añadieron a los 19.605 que ya arrastraban del año anterior, y pudieron dar salida a 14.268. Cabe señalar que en estos juzgados se tratan materias especialmente delicadas para los ciudadanos afectados, como los despidos, accidentes laborales o las reclamaciones de cantidades. El Alto Tribunal andaluz considera que harían falta ocho plazas de jueces de este ámbito para «paliar la sobrecarga que padecen».

La cantidad de casos pendientes se reduce prácticamente a algo menos de la mitad en los juzgados penales, con 11.520 causas sin resolver, para los que se pide una ampliación de la plantilla con cuatro nuevos jueces. Le siguen los juzgados de instrucción –donde se solicitan también cuatro plazas de judicatura– de la Ciudad de la Justicia, con 8.828 asuntos pendientes al cerrar el año, y ello excluyendo los juzgados de Fuengirola (1.608), Marbella (4.034) y Torremolinos (2.477). También hubo 5.005 casos de lo contencioso-administrativo sin resolver, otros 3.953 de lo mercantil, 2.985 de violencia de género y 2.265 de juzgados de familia.

Los órganos que cerraron el año con menos asuntos pendientes fueron los de menores (643) y los de vigilancia penitenciaria (404). Por otro lado, el TSJA considera que sería necesario crear seis nuevas plazas en el orden civil de la Audiencia Provincial de Málaga, y otras cuatro en el orden penal. En el primero de ellos, quedaron 6.493 asuntos pendientes de resolución y otros 1.486 penales.

Aunque el caso de los juzgados malagueños es particular por su elevada tasa de litigiosidad, unida a otras circunstancias especiales como la presencia del crimen organizado de la Costa del Sol, el TSJA hace un análisis que se extiende a toda la comunidad autónoma. En el mismo, pone de relieve la «incapacidad» de los tribunales para reducir los asuntos pendientes y lamenta que, un año más, «el tiempo de respuesta excede límites razonables».

En este sentido, la memoria también vuelve a incidir en que «es imposible acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y un defectuoso sistema organizativo». Y sostiene que este panorama, derivado de la falta de medios, no puede recaer en el «voluntarismo» ni en la responsabilidad personal de los propios jueces.

Por otro lado, el Alto Tribunal andaluz ha puesto, una vez más, el foco en el alto el volumen de sentencias que, pese a ya estar dictadas, han quedado pendientes de ejecutar al cierre del ejercicio. Se trata de una problemática que hace años ya tildó como «uno de los agujeros negros» de los tribunales y, como señala, al cierre de 2024 volvió a presentar «datos lejanos a lo deseable». Solo en la provincia malagueña hubo 99.693 procedimientos que quedaron pendientes de este trámite final.

En el caso de Málaga, hay que apuntar directamente a las ejecuciones civiles, en las que el número de resoluciones que quedaron sin ser ejecutadas asciende a 81.804. Buena parte de ellas venían arrastrándose de años anteriores, ya que el pasado ejercicio ingresaron 21.335 sentencias para ejecutar y los magistrados pudieron dar salida a un total de 19.034.

Málaga también fue una de las provincias en las que se incrementaron las ejecuciones en el ámbito penal, que subieron en un seis por ciento. Aun así, los magistrados de esta jurisdicción pudieron dar salida a la ejecución de más asuntos de los que recibieron. De acuerdo con el informe, se registraron 16.296 casos y pudieron resolver 21.626. Pese a ello, al cierre del año han quedado 17.889 sentencias pendientes de ejecutar.

Como apunta la memoria, las ejecuciones de las resoluciones forman parte del contenido del derecho a la tutela efectiva que recoge el artículo 24 de la Constitución Española, por el que se garantiza el derecho a obtener una resolución judicial en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que pueda producirse indefensión. Al respecto, incide el TSJA, la lentitud en la ejecución de las resoluciones judiciales retiene el cobro de cantidades ingentes de dinero, «de forma que la demora ejecutiva traspasa el ámbito individual para impactar de lleno en la economía por la evidente paralización de millones de euros».

Las suspensiones de los juicios y las vistas, como se especifica en uno de los apartados de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), constituyen una «grave disfunción» que se repite año tras año, y que conlleva que el hueco que estaba previsto para la celebración de este trámite no pueda cubrirse con la inclusión de otro juicio o señalamiento, además de obligar buscar un nuevo espacio en la agenda judicial para llevarlo a cabo.

En Málaga, pese a que han disminuido las suspensiones en todas sus jurisdicciones, tuvieron que ser aplazadas el 31 por ciento de las vistas (siete puntos menos que en el ejercicio anterior). Las jurisdicciones civil, penal y contenciosa tienen un porcentaje de 25, 25 y 27 por ciento de suspensiones, pero este porcentaje se dispara en la jurisdicción social, donde alcanza el 55%.

De los 14.620 juicios que había programados en lo social, solo llegaron a celebrarse 6.598. De acuerdo con el informe, el pasado año se señalaron un total de 79.006 juicios y vistas, de las que hubo que suspender 24.167.