Se suspende la declaración como investigado del alcalde de Benalmádena
Es la tercera vez que se aplaza la comparecencia de Lara ante la jueza, esta vez debido a que el regidor ha cambiado de abogado
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos se ha visto obligada a suspender por tercera vez la declaración del alcalde de Benalmádena, ... Juan Antonio Lara, en el caso abierto por la contratación de equipos para purificar y tratar agua en los colegios del municipio, y en el que el primer edil benalmadense figura como uno de los investigados.
La primera citación fue el pasado 31 de marzo y se aplazó al 14 de mayo debido a una baja médica del alcalde, pero por un error en la entrega de la notificación tampoco pudo celebrarse en esa fecha. La jueza fijó a principios de agosto la declaración de Lara para este 22 de septiembre, pero de nuevo no se ha producido la comparecencia ante la instructora. El motivo esta vez es el cambio de abogado por parte de Lara. El letrado municipal ha dejado de ser el representante legal del regidor en este caso en favor de un cargo de confianza en el Ayuntamiento de Benalmádena, según informaron fuentes próximas al caso.
Una investigación abierta en octubre de 2024
La investigación se abrió en octubre de 2024 por una denuncia del PSOE ante la Fiscalía por la adquisición por parte de la sociedad municipal Provise Benamiel, de la que Lara es presidente, de diez máquinas de limpieza con agua ozonizada y siete de tratamiento ecológico de la cal, en un asunto que los socialistas conocieron después de que se registrara un caso de legionela en el CEIP Mariana Pineda.
La sociedad municipal Provise Benamiel compró equipos sin licitación pública y con un informe que proponía la compra de una marca, algo expresamente prohibido por la normativa
Los equipos del conocido como 'Caso Legionela' se adquirieron sin licitación pública al situarse el importe de cada contrato por debajo del límite legal de 15.000 euros establecido para el suministro de bienes, lo que presuntamente puede ser un fraccionamiento del contrato. Para hacerlo se utilizó una memoria justificativa de la necesidad firmada por la exgerente de la sociedad, que está también investigada, en la que proponía la adquisición de una marca específica, algo expresamente prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público. Este informe, según la denuncia del PSOE, se hizo con posterioridad a la instalación de algunos de los equipos.
En el caso también figuran como investigados dos empresarios de tres sociedades. Uno de ellos está casado con una concejala del equipo de gobierno, la edil de Festejos, Yolanda Peña.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
