El PP exige al Gobierno «el mismo trato» a Málaga que a Alicante, donde se ha liberado el peaje de una autopista

Este anuncio ha encendido los ánimos en las filas del PP de Málaga, casi en vísperas de la reunión en la que este próximo miércoles se abordará la situación de la movilidad en Málaga y en la Costa del Sol, con especial atención al proyecto del tren litoral. La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha exigido al Gobierno que dé a Málaga «el mismo trato» que a Alicante y libere «de inmediato» el peaje de la autopista de la Costa del Sol (AP-7), al igual que ha hecho con el citado tramo en la provincia alicantina.

Navarro se ha mostrado esperanzada en que la reunión convocada este miércoles entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y 18 ayuntamientos de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, haya «un gesto de buena voluntad» por parte de los representantes del Gobierno de España hacia la provincia malagueña (y parte de la gaditana).

«Es una gran oportunidad para que el Gobierno demuestre que no discrimina a territorios», ha subrayado la presidenta provincial, quien ha añadido que Málaga lleva mucho tiempo con problemas de movilidad que requieren de medidas urgentes como la que se ha adoptado en Alicante. En este sentido, ha recalcado que la reunión del miércoles es «la ocasión idónea» para que el Gobierno de España «demuestre que no hace agravios entre territorios, como nos tiene acostumbrados hasta ahora».

La Costa del Sol, ha subrayado la presidenta del PP malagueño, necesita que se libere el peaje para dar más fluidez al tráfico porque lo demandan los malagueños: «Tenemos que cortar de raíz el colapso en la autovía A-7 y avanzar en seguridad vial y liberar el peaje de la autopista debe ser algo inmediato». Navarro ha recordado que esta medida debe adoptarse como paso previo al avance para la construcción del tren litoral, en una primera fase desde Málaga a Marbella y después hasta Algeciras para atender la demanda poblacional creciente y para vertebrar el litoral.

En cambio, desde el Ministerio de Transportes se ve de una manera muy diferente. La clave es que para rescatar el peaje de Alicante no hace falta pagar a ninguna concesionaria privada, porque esta vía ya es pública (del Estado) y está gestionada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT). Se trata del organismo que gestiona las autopistas que fueron rescatadas años atrás, y el coste de esta operación está estimado entre 2 y 3 millones de euros, mucho menos que en el caso de Marbella.

En cambio, fuentes del Ministerio advierten de que los peajes de Málaga son dos concesiones que fueron otorgadas precisamente por el PP y que están en vigor hasta 2046 y 2054, respectivamente. «Se están mezclando cosas que no tienen sentido; no podemos quitarle un derecho a una empresa que tiene unas concesiones, por cierto, de la época del PP (1996 y 1999)», denuncian. «El PP nos echa en cara algo que hicieron ellos, es de un cinismo absoluto».

Al respecto, recuerdan La Autopista del Sol (Ausol) es titular de las concesiones administrativas para la construcción, conservación y explotación de las autopistas AP-7 Málaga-Estepona (en explotación desde el 25 de junio de 1999) y la AP-7 Estepona-Guadiaro (en servicio desde el 12 de agosto de 2002). El tramo Málaga-Estepona está concedido hasta 2046, y el tramo Estepona-Guadiaro hasta 2054.

En cambio, la AP-7 Circunvalación de Alicante está gestionada por la empresa pública SEITT (Sociedad Estatal de Transporte Terrestre) desde 2018, cuando tuvo que revertir al Estado por problemas financieros. Así, tiene un régimen de explotación público articulado a través de un convenio que prevé que se realicen bonificaciones.

«Por lo tanto, el caso de la autopista AP-7 en la Costa del Sol es completamente diferente al de la AP-7 Circunvalación de Alicante, dado que se trata de una autopista de peaje con un régimen de gestión privado a través de contratos de concesión entre la sociedad concesionaria y la Administración General del Estado».

Las autopistas de peaje en régimen de concesión están reguladas por una normativa específica, que forma parte de los contratos de concesión suscritos por las respectivas sociedades concesionarias y la Administración concedente. Dicha normativa establece unos derechos y obligaciones tanto para la Administración como para el concesionario. Entre los derechos de este último se incluye la percepción del peaje con arreglo a las tarifas aprobadas.