¿Qué pasó con la desaladora de Fuengirola?

Firma del convenio entre la Junta y Acuamed para hacer la desaladora, en 2008. /SUR
Firma del convenio entre la Junta y Acuamed para hacer la desaladora, en 2008. / SUR

La planta se descartó por problemas de suelo y de potencia eléctrica, así como por el alto precio del agua resultante, pero sería un seguro en las épocas de sequía si estuviera operativa

IGNACIO LILLOMálaga

Durante la década del 2000, las desaladoras se convierten en una de las principales fórmulas de los gobiernos socialistas a nivel nacional para afrontar la sequía y el aumento de la población en las zonas costeras. A partir de 2005 se impulsa, entre otras, una que iba a ir entre Mijas y Fuengirola. Después de tres años de trámites, en julio de 2008 se adjudican las obras a una unión temporal de empresas formada por Sacyr, Sadyt y Construcciones Vera, por 61,7 millones. La financiación corre a partes iguales por cuenta de Acuamed (Gobierno) y la Agencia Andaluza del Agua (Junta de Andalucía), con un 50% de fondos europeos. La desaladora iba a producir unos 20 hectómetros cúbicos de agua potable al año, recursos suficientes para atender a una población de unos 500.000 habitantes en la Costa del Sol durante los meses críticos de verano. El plazo de ejecución, una vez que comenzaran los trabajos, sería de 18 meses.

Este año hidrológico se cerrará el 30 de septiembre y todo apunta -salvo sorpresa mayúscula de última hora- que será uno de los más escasos en cuanto a precipitaciones en la provincia de los últimos años. Aunque el suministro está garantizado, con 366 hectómetros cúbicos almacenados (al 59% de su capacidad) hay zonas, como la Costa del Sol, donde el riesgo de sequía es mayor, debido al elevado consumo de la temporada de verano. El calor y el turismo se han 'bebido' en la provincia nada menos que 66 hectómetros cúbicos en dos meses. En momentos como este, cuando la Junta sopesa ya declarar la prealerta, surge la duda de qué pasó con infraestructuras como esta, que serían un salvavidas en caso de tener que hacer frente a otro año de escasez.

Al contrario que este, el invierno entre 2009 y 2010 llovió con intensidad, con el ciclo típico del clima mediterráneo, por lo que aquellas obras perdieron la urgencia vital y entraron en la lenta maquinaria de la burocracia, que tarda dos años en tramitar el proyecto definitivo. Con todo, los Presupuestos Generales del Estado de ese ejercicio contemplan todavía una partida de 25,9 millones para tal fin. A todo lo anterior se unen los problemas con los que se topa el Ayuntamiento de Mijas para hacerse con los terrenos, ubicados entre el río Fuengirola, la depuradora de Cerro del Águila y la línea que separa al término municipal del de Fuengirola. El bloqueo se salva con la adaptación del PGOU mijeño a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), documento en el que está recogido el convenio firmado con los propietarios de varias parcelas que suman 103.000 metros cuadrados, y donde también se iba a levantar el centro hospitalario de alta resolución de especialidades (Chare).

Cambio de Gobierno

En diciembre de 2011 cambia el Gobierno y desembarca el PP. La primera señal del cambio de planteamiento con respecto a esta infraestructura no tarda en llegar. En febrero de 2012, la gran apuesta del Gobierno anterior para asegurar el abastecimiento en la Costa del Sol durante las épocas de sequía se queda en papel mojado, nunca mejor dicho. Después de siete años de trámites, con sus correspondientes partidas sin ejecutar en los Presupuestos, unas palabras del entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, son suficientes para enviarlo al cajón de los proyectos fallidos.

Aunque no era el caso en Málaga, donde el uso iba a ser turístico y no agrícola, el ministro esgrime que los recursos generados por esta vía tienen «un precio inasequible» para los productores; además de ser «dudosamente sostenibles» por su elevado coste energético y la alta concentración salina del agua que resulta como residuo. Pero por encima de todo está la crisis económica, que afecta con especial crudeza a la empresa estatal Acuamed, la principal promotora.

Con estos mimbres, el Gobierno negocia con Sacyr una rescisión del contrato, que se firma de mutuo acuerdo, con el abono de los gastos incurridos por la constructora, según explican fuentes de la misma. Como argumentos para justificarla se recogen los problemas para su ejecución por la falta de potencia eléctrica y la ubicación en una zona de expansión urbana; pero también las dudas sobre el modelo de venta del agua producida, que sería muy cara, y la disponibilidad de soluciones más asequibles, con la explotación de pozos, la realización de trasvases y el recrecimiento del embalse de La Concepción.

Conclusiones

La desaladora como fórmula para obtener agua potable tiene ventajas e inconvenientes. Entre las primeras, permite reducir la dependencia de los embalses y acuíferos, y unida a la planta ya existente en Marbella podría llegar a cubrir más de la mitad del consumo en la Costa del Sol occidental. Máxime, en un momento como este, en el que la sobreexplotación de los pozos y los efectos del cambio climático, con más semanas de verano y situaciones cada vez más extremas de lluvia y sequía, ponen en duda la garantía del abastecimiento por medios naturales. Como inconvenientes, el principal es el alto precio del agua desalada, que necesita grandes cantidades de electricidad, algo que ya conocen los marbellíes; pero también el impacto ambiental de la instalación en un entorno urbano, y de la salmuera al ser evacuada.

Pero la peor conclusión es comprobar cómo en los siete años que han transcurrido desde que la idea se descartó apenas se ha avanzado en la generación de recursos en la provincia. Ya entonces, como alternativas para obtener esos 20 hectómetros cúbicos que se dejaban de producir se plantearon varias medidas. Una de ellas era el impulso al recrecimiento del embalse de La Concepción, donde no se ha hecho nada. Otra propuesta fue el trasvase entre cuencas, para aprovechar los excedentes de la zona occidental y llevarlos a La Viñuela. En este punto, sólo tras el cambio de gobierno de la Junta, el nuevo Ejecutivo de Juanma Moreno se ha fijado esta infraestructura como prioridad. Los Presupuestos autonómicos (de junio) contemplan para este año 1,4 millones de euros para transportar agua entre la cuenca occidental y la oriental, mediante la ampliación de la capacidad del 'bypass' que hay en Churriana; aunque de momento tampoco se han encargado las obras. En el único aspecto donde ha habido tímidas mejoras es en la reutilización de aguas residuales para el riego de parques y el baldeo de calles, mediante el tratamiento terciario en las depuradoras, aunque faltan conducciones para aprovechar mejor esos recursos. Por tanto, la sequía volverá a pillar a la Costa sin haber hecho los deberes.