Fuengirola lleva contratando detectives para sus empleados de baja desde 2005
El Ayuntamiento ha analizado en este tiempo unos 20 expedientes y sólo uno se saldó con la pérdida del empleo por parte de un trabajador
La polémica contratación de detectives por parte del Ayuntamiento de Fuengirola para efectuar el seguimiento de empleados públicos que se encuentra en situación de baja ... laboral no es la primera vez que se hace. Según han confirmado a SUR fuentes del Ayuntamiento, el primer contrato de esta naturaleza que efectuó el Consistorio fuengiroleño fue en 2005, cuando la Alcaldía estaba en manos de la popular Esperanza Oña (primera regidora de la localidad en dos etapas, la primera entre el 26 de mayo de 1991 y el 6 de junio de 1993 y la segunda entre el 18 de junio de 1995 y el 25 de mayo de 2015). Desde entonces se ha seguido haciendo en diversas ocasiones, y el último contrato que se había efectuado hasta ahora fue en 2020, cuando el Consistorio ya estaba en manos de Ana Mula, la sucesora de la que también fuera portavoz del PP en el Parlamento andaluz, vicepresidenta primera y segunda de esta Cámara, y diputada por Málaga en el Congreso.
En ese periodo, según han manifestado desde el Ayuntamiento de Fuengirola, se han analizado en torno a una veintena de expedientes, «siempre en el marco legal de actuaciones muy concretas y justificadas», puntualizan en referencia a una medida que —aseguran— se trata de una «herramienta excepcional» con la que se pretende «corregir conductas que puedan perjudicar al conjunto» de la plantilla municipal. «Afortunadamente, son la excepción» porque «contamos con unos trabajadores que son un ejemplo de profesionalidad y entrega y que cumplen con su labor con responsabilidad, salvo en esas mínimas excepciones», agregan desde el Consistorio.
En 2005 los detectives cogieron a un empleado municipal que estaba realizando otro trabajo mientras estaba de baja
El Ayuntamiento no ha precisado el número exacto de contrataciones de detectives efectuadas para la investigación de trabajadores de baja en este tiempo ni los resultados obtenidos, pero para que pueda surtir efectos la labor de los detectives su trabajo debe traducirse en la apertura de un expediente sancionador, al que tienen acceso las centrales sindicales con representación.
Fuentes sindicales en el Ayuntamiento apuntan que han tenido conocimiento de al menos tres expedientes sancionadores en este tiempo, pero la actividad de los detectives sólo tuvo éxito en una ocasión. Fue precisamente en la primera contratación de detectives que realizó la administración local de Fuengirola en 2005. Se trataba de un empleado que era personal laboral del Consistorio, y el trabajo de los detectives sirvió para demostrar que estaba desarrollando otra actividad laboral mientras estaba de baja. El expediente se saldó con la pérdida del puesto de trabajo por parte de este empleado público.
Laborales y funcionarios
Al personal laboral, como era el caso de este empleado, se le aplica la normativa laboral, incluido el Estatuto de los Trabajadores, además del convenio colectivo de la administración en la que presta servicios. Los laborales, en cualquiera de sus tres modalidades (fijo, indefinido o temporal) son contratados, a diferencia de los funcionarios, que son nombrados, ya sean de carrera (han superado un proceso selectivo y tiene plaza en propiedad), interinos (no son titulares de un puesto de trabajo, aún pudiendo haber aprobado una oposición) o personal eventual (puestos de confianza) y cuya actividad se regula por el derecho administrativo, empezando por la normativa estatal de carácter básico (el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, TREBEP), además del acuerdo regulador en el caso del Ayuntamiento de Fuengirola.
A diferencia de lo que seguramente sea una creencia generalizada, el TREBEP contempla la posibilidad de que un funcionario, incluso de carrera, pueda perder esta condición. Para ello es necesario que se produzca una «sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme» tras la apertura del correspondiente expediente, que debe instruir un funcionario. La imposición de una «pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público» por parte de la justicia en sentencia firme también da lugar a la pérdida de la condición de funcionario.
El Comité de Empresa: «Nos guste o no, es legal; lo que no aceptaríamos es una investigación generalizada»
«Nos guste o no, es legal y están en su derecho de hacerlo; es algo que han hecho muchos administraciones públicas y mientras no se apliquen políticas dudosas o contrarias a ley para investigar puede hacerse». Estas palabras del presidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Fuengirola, Andrés Molina, resumen su visión sobre la contratación de detectives para la investigación de empleados públicos de baja. Molina, perteneciente al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), mayoritario en el Consistorio fuengiroleño, se ha mostrado sorprendido por la «repercusión pública» que ha tenido «una práctica habitual» en los ayuntamientos, y ha lamentado que esto afecte a un colectivo que de por sí «no tiene buena imagen en la calle».
«Defendemos a los empleados públicos y su honestidad, pero, como en cualquier colectivo, siempre puede haber casos y estamos en contra de cualquier engaño; esto es para investigar casos puntuales, no es algo generalizado, eso no se ha hecho, y si se planteara, intentaríamos que no se hiciera», agregó.
Molina admitió que había habido un repunte del absentismo en el primer trimestre del año en el Ayuntamiento, aunque aseguró que «en su mayoría» son casos de siniestralidad laboral, que se registran entre los trabajadores que están «en la calle», como Servicios Operativos, limpieza, Policía Local o Bomberos.
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