La estabilización de 383 empleados municipales de Mijas se mantiene en el aire

El socialista Josele González dejó todo preparado para que los trabajadores pudieran aspirar a hacerse con la plaza que están ocupando, en unos casos con el concurso de méritos como procedimiento de provisión y en otros mediante concurso-oposición. Sólo faltó un paso: la publicación en el BOE. El nuevo gobierno mijeño aprovechó esta circunstancia para modificar la Oferta de Empleo Público (OEP), mediante acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en agosto y noviembre de 2024, sin negociación colectiva, que ahora el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Málaga, tras un recurso planteado por el sindicato CSIF, ha anulado y dejado «sin efecto alguno» por «no ser conformes al ordenamiento jurídico».

El Ayuntamiento ha declinado valorar la sentencia, y no ha aclarado si recurrirá el fallo, abrirá un proceso negociador con los sindicatos o mantendrá la OEP.

Las visiones del actual y el anterior equipo de gobierno difieren en un aspectos nuclear: qué plazas están afectados por ese proceso de estabilización y cuál es su naturaleza. «Hay trabajadores que llevan 10, 15, 20 años, algunos están en el mismo puesto en el que entraron, pero otros han pasado a desempeñar otras funciones; nosotros lo que consideramos es que la estabilización debía hacerse en función de los puestos que están ocupando actualmente y no de la plaza a la que accedieron porque no es lógico que si alguien lleva ya diez años de administrativo ahora le digas que tiene que ser jardinero porque accedió a la administración en ese puesto», explica la concejal socialista Laura Moreno, responsable de Recursos Humanos en el anterior gobierno.

En la modificación de la OEP se alteraban categorías profesionales, se convertían 16 plazas de personal laboral en puestos de funcionarios y dos más pasaban a ser de promoción interna, de modo que el cambio de la oferta de empleo entrañaba «un efecto doble favorable y desfavorable en función de los potenciales destinatarios», lo que implica «un ejercicio sobrelimitado de la potestad revocatoria», tal y como recuerdo el magistrado citando jurisprudencia del Supremo.

Moreno apunta que hay otras tres sentencias condenatorias para el Ayuntamiento por recursos planteados de manera individual por los trabajadores, y que hay hasta 30 denuncias más, por lo que los socialistas reclaman al equipo de gobierno que no recurra la sentencia, que se retrotraiga a la OEP negociada con los sindicatos, y que se cumpla con la ley de reducción de la temporalidad en la administración.

Josele González considera que la sentencia es «consecuencia directa de la nefasta gestión» de Ana Mata y ha recriminado a la alcaldesa que «ponga en riesgo el trabajo de casi 400 familias atendiendo a razones únicamente partidistas», llevando el proceso de estabilización a un «punto muerto».