Benalmádena, ciudad sin oposición
Con los sueldos asignados a CSSP y a los exconcejales de Ciudadanos y con el PP investigado, Navas amarra su permanencia como alcalde hasta 2019 a pesar de gobernar en minoría
Alberto Gómez
Lunes, 14 de marzo 2016, 00:32
En una época de debates constantes, de equilibrios complicados y largas negociaciones para sacar adelante propuestas y presupuestos, lejos del rodillo de antiguas mayorías absolutas, ... gobernar sin oposición es casi una quimera, el deseo improbable de cualquier político. En Benalmádena lo han conseguido. El PSOE, con siete concejales de los veinticinco que forman la corporación, ha logrado blindarse hasta 2019. El organigrama configurado por el alcalde, Víctor Navas, premiaba a sus socios de investidura en la oposición (Ciudadanos y Costa del Sol Sí Puede) y relegaba al ostracismo institucional a los dos partidos que no votaron a su favor (PP y Vecinos por Benalmádena), una táctica cuestionable aunque brillante como estrategia política para obtener lo que ninguna formación pudo alcanzar en las urnas: carta blanca hasta el final de la legislatura.
Los socialistas presiden un tripartito que gobierna en minoría junto a IU y Alternativa por Benalmádena. Era una unión lógica, con numerosas similitudes programáticas, forjada desde la complicidad derivada de haber pasado tres años denunciando las presuntas corruptelas del PP local y, sobre todo, de Unión Centro Benalmádena. La integración de Ciudadanos y Costa del Sol Sí Puede (partido instrumental de Podemos en varios municipios del litoral malagueño) constituía la parte más delicada de la ecuación. Por un lado, ambas formaciones debían permanecer en la oposición por orden de sus direcciones nacionales. Por otro, Navas aún podía repartir seis dedicaciones exclusivas más, o lo que es lo mismo: seis sueldos a tiempo completo.
Los tres concejales de Ciudadanos y los dos representantes de Costa del Sol Sí Puede fueron los destinatarios de esos salarios, junto a la portavoz del PP, Concha Cifrián. Navas asignó el mismo sueldo a los miembros del tripartito que a los ediles de la formación naranja y del partido auspiciado por Podemos, que le habían brindado su apoyo, pero redujo esa cantidad a poco más de la mitad para Cifrián. Lo justificó por el reparto de delegaciones especiales y la necesidad de contar, según dijo, con «una oposición constructiva», un argumentario endeble que enseguida fue criticado por el PP, que lo consideró «una compra de voluntades». También militantes de Ciudadanos y Costa del Sol Sí Puede expresaron su disconformidad con este peculiar organigrama, reprobado incluso por miembros del propio tripartito, que juzgan «injusto» que algunos ediles de la oposición cobren idénticos salarios sin asumir responsabilidades de gobierno ni firmar documentos.
El caso de Ciudadanos es el más flagrante. Los ediles nunca cumplieron su compromiso de renunciar a las dedicaciones exclusivas y a las delegaciones especiales. Una investigación interna de la dirección nacional por un presunto pacto encubierto con el PSOE se saldó con la expulsión de su portavoz, Bernardo Jiménez, y con la apertura de expedientes contra sus otros dos concejales, Beatriz Olmedo y Óscar Ramundo, que se anticiparon a la decisión de la formación naranja y presentaron su dimisión. Ahora demonizan al partido que hasta hace un mes veneraban. El secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, hombre de confianza y mano derecha de Albert Rivera, envió un dardo envenenado a sus exediles a través de SUR: «A la política se viene a servir, no a servirse. Estas actuaciones no tienen cabida en el partido».
Guerra interna
Podemos también lleva meses librando una guerra interna como consecuencia de la aceptación por parte de los ediles de Costa del Sol Sí Puede de salarios y responsabilidades propias del equipo de gobierno. La decisión dividió al Consejo Ciudadano y las voces más críticas acusan a los ediles Enrique García y Juan Ramón Hernández de «haber vendido su labor en la oposición a cambio de sueldazos y de ser perros lazarillos del alcalde». El acuerdo entre los concejales y Navas quedó en evidencia durante la presentación de los presupuestos municipales, cuando García y Hernández votaron a favor del documento elaborado por el PSOE a pesar de que sus enmiendas habían sido tumbadas minutos antes por el tripartito.
En principio, y de cara a la opinión pública, el PP se postularía como gran beneficiario de este singular panorama político si no fuera porque siete de sus concejales permanecen investigados por presuntas irregularidades en las contrataciones de antiguos cargos de confianza, causa a la que hay que sumar la imputación de la exalcaldesa y presidenta del partido a nivel local, Paloma García Gálvez, por una retribución que la Fiscalía considera ilegal a su socio de gobierno en la anterior legislatura y que ya arrastraba cuando se presentó a las elecciones locales.
La oposición constituye un instrumento fundamental para la fiscalización de las tareas de gobierno, pero en Benalmádena ha quedado reducida a los impostados cruces de acusaciones de los plenos. Navas, a diferencia de otros alcaldes con más apoyo electoral, como Francisco de la Torre o José Ortiz, ha logrado blindarse ante cualquier circunstancia. En 2019 veremos con qué consecuencias.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
