El Seprona destaca las «nulas» medidas de seguridad en la obra del pozo al que cayó Julen

El informe del Seprona del Instituto Armado, que al igual que el de Policía Judicial obra ya en poder de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, concluye que no se adoptaron medidas de seguridad –la palabra que emplea es «nulas»– para evitar accidentes, principalmente en el pozo de sondeo realizado en la parcela del Cerro de la Corona, donde sucedieron los hechos.

Los agentes iniciaron la inspección técnica de la zona el mismo día de la caída de Julen. Aparte de tomar mediciones de la parcela –4.439 m2 – y del camino que lleva hasta ella –603 metros–, los guardias civiles del Seprona realizaron un completo reportaje fotográfico del terreno, al que adjuntaron varios planos de situación y ortofotos (mayor precisión).

En el lugar, los agentes comprobaron que se habían hecho una serie de obras, que consistía en una explanada de forma rectangular, con unos 35 metros de largo, que tiene en su lado más ancho unos 17 metros de longitud. La superficie de construcción rondaba los 500 m2. Según las pesquisas, las tierras procedentes del rebaje se usaron para hacer la explanada y el sobrante se tiró al olivar que está bajo la misma.

Los guardias civiles también fotografiaron e inspeccionaron la zanja que está sobre el rebaje, con forma de 'L' y que tiene 35 metros de largo, 50 centímetros de profundidad y cinco metros de ancho. La última parte terminaba, precisamente, en el pozo al que cayó el crío, que también midieron. Según los cálculos del Seprona, tiene 28 centímetros en la boca, pero su diámetro de construcción es de 21 a 22. El pocero declaró que tendría entre 111 y 114 metros de profundidad.

En la parcela, se hallaron tres palés con bloques de hormigón de color gris –como los que el dueño de la finca aseguró haber utilizado para tapar el agujero–, cuatro sacos de cemento, dos más de arena blanca y sendos rollos para canalizar los cables de la electricidad y el agua.

De las declaraciones del propietario de la parcela y del pocero se desprende que ninguno de ellos solicitó los permisos, extremo que también concluye el Seprona en su investigación. Los agentes indican en su informe que el pozo requiere una licencia otorgada por el ayuntamiento, en este caso, de Totalán, como establece el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. También precisa de un proyecto técnico firmado por un titulado en minas y visado por el Colegio Profesional. Y, por último, la concesión de la autorización administrativa.

Las otras obras, las del rebaje del terreno y la zanja para el muro de cimentación, tampoco disponen de licencia urbanística, según las pesquisas, que concluyen, en definitiva, que nada de lo que se hizo allí tiene la autorización exigible, ni tampoco los planes de seguridad y salud en el trabajo, que el promotor debe encargar y el contratista, elaborar.

En consecuencia, el Seprona consideraría responsables de las infracciones urbanísticas detectadas tanto al promotor –dueño de la parcela– como al contratista. Dado que esas irregularidades afectan a la autoridad municipal –Ayuntamiento de Totalán– como a la Junta –delegaciones de Empleo, en lo relativo a las actividades mineras, y de Medio Ambiente, por la Agencia Andaluza del Agua–, los agentes han remitido sus conclusiones a todos los organismos competentes, además de a la jueza que instruye el caso.

Pero... ¿qué ocurre si en el pozo no se encuentra agua y éste acaba siendo abandonado? La Ley de Aguas de Andalucía establece, en su artículo 53, que es el titular de los terrenos quien está obligado a taparlo, tal y como subraya el Seprona. Si no lo sella, la Junta debe requerir al propietario para que lo haga –aplicando medidas sancionadoras– y, si finalmente no obedece, la propia administración es la que debe, subsidiaramente, proceder a su sellado.

En el caso de Julen, la prospección se hizo el día 18 de diciembre y no se encontró agua. El dueño de la parcela sostiene que se puso en manos del pocero confiando en su profesionalidad y que no sabía qué permisos había que solicitar, ya que, aseguraba, era la primera vez que hacía un pozo. E insistió en que el profesional que llevó a cabo la perforación dejó la boca sin sellar. Tal y como ayer adelantó SUR, el propietario de la finca declaró a la Guardia Civil que fue él mismo quien tapó el agujero con dos bloques de hormigón de construcción (de color gris).

En cambio, el empresario que ejecutó el pozo, Antonio Sánchez, dijo ayer a Efe que siempre hace «bien» su trabajo, en alusión a que tapó el orificio con una piedra, y que reiterará esta versión cuando declare en sede judicial. Sánchez aseguró que no puede decir en el juzgado «ni más ni menos» que lo que ya indicó a los investigadores de la Guardia Civil que le tomaron declaración tras el suceso, porque lleva «cuarenta años haciendo este trabajo» y lo hace «siempre bien».

En ese momento, el pocero manifestó que taponó la boca del pozo, pero que su actuación fue posteriormente modificada por unos movimientos de tierra en la zona, como así consta en la investigación del Instituto Armado. Al preguntársele si ha contratado ya a un abogado que se encargue de su defensa en caso de que sea citado a declarar por la presunta comisión de algún delito, señaló que tiene «de todo». En cuanto a su situación por lo ocurrido, explicó que está desolado y que su mujer está «peor», y precisó que «todo el mundo se ha acordado de la familia del niño», pero a ellos les han «dejado abandonados».

Sánchez relató que ayer por la mañana acudió al cuartel de la Guardia Civil de Vélez-Málaga «sobresaltado», ya que un conocido que estaba en la Ciudad de la Justicia de Málaga le había llamado para decirle que «había muchos periodistas» esperándole porque «aseguraban tenía que declarar». El pocero dijo que estos días no le está cogiendo el teléfono «a casi nadie», por lo que pidió en el cuartel que lo avisen si tiene que ir a declarar, pero le dijeron que le llegará «una carta certificada».