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La Axarquía sigue clamando por la desaladora. A pesar de que el otoño y lo que va de invierno están siendo mucho más húmedos que los últimos tres años, la comarca oriental malagueña continúa exigiendo que se promueva el proyecto comprometido desde mayo de 2023 por el Gobierno central, que lo declaró de interés general del Estado. Más de un año y medio después, la iniciativa sigue inmersa en el laberinto burocrático, aún con dimes y diretes entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Junta de Andalucía de Juanma Moreno.
Sin embargo, los usuarios finales, agricultores y vecinos, no entienden de la incesante contienda política, y aunque sea en la trastienda, se van dando pasos administrativos, muy lentos, eso sí, más de lo que sería deseable. Tras aclararse los despropósitos iniciales a cuenta de quién debía elaborar el proyecto básico, y las vicisitudes acerca de la ubicación más idónea para la planta desaladora pública, los regantes y la Mancomunidad Oriental, como usuarios finales, están a punto de constituir el ente peticionario de la futura concesión de aguas desaladas de la Axarquía, que otorgará la Junta una vez que la empresa pública Acuamed construya la instalación.
Así, la planta prevista en la zona de Las Campiñuelas, en Vélez-Málaga, a la altura del semienlace de la Autovía del Mediterráneo A-7, en Caleta, junto al río Seco, y que requerirá de una inversión pública estimada inicialmente de cien millones de euros, a devolver, eso sí, por los usuarios a través de un canon en las décadas posteriores a su inauguración, que no se prevé antes de 2029, tendrá como usuario único a la nueva Junta Central de Usuarios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía.
Este ente lo conformarán la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro, que agrupa a los regantes de la margen derecha del Plan Guaro, la Junta Central de Usuarios de la Axarquía, que conforman los de la margen izquierda, y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, a través de la empresa pública Axaragua, que presta el servicio de abastecimiento en alta a 14 de las 31 localidades de la comarca oriental malagueña.
En concreto, son los municipios de Almáchar, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Comares, Cútar, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Totalán, Algarrobo y Torrox, que suman una población de alrededor de 180.000 habitantes empadronados y unos 230.000 en temporada alta con la flotante.
Como paso previo a la constitución del ente peticionario, la Junta Central de Usuarios de la Axarquía tiene previsto celebrar, a mediados de este mes de enero, en la sede de la cooperativa veleña de subtropicales Trops, una asamblea ordinaria, en la que entre, otros asuntos, se votará la integración en la nueva Junta Central de Usuarios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía. En días posteriores, esta novedosa entidad convocará también su primera asamblea constituyente, para elegir a los representantes ante las distintas administraciones públicas. Se van dando así pasos administrativos para hacer realidad el proyecto de la ansiada desaladora.
Respecto a los plazos, se espera que la empresa consultora técnica que está elaborando el proyecto básico lo entregue a la Junta y ésta, a su vez, al Ministerio para la Transición Ecológica, para la próxima primavera. Aunque la última fecha anunciada era febrero, ahora se estima que este plazo se ampliará en unas semanas, según ha informado a SUR el portavoz de la Junta Central de Usuarios de la Axarquía, el abogado Jaime Zaldúa, que agrupa a una veintena de comunidades de regantes, que suman 2.500 hectáreas, en la margen izquierda del Plan Guaro.
«El proyecto va marchando, no sin dificultades, pero por lo menos vemos que hay voluntad real de todos los implicados de ir a una, no nos queda otra», ha argumentado el letrado malagueño. La desaladora pública proyectada en Vélez-Málaga tendrá una capacidad inicialmente prevista de 25 hectómetros cúbicos anuales, de los que la mitad serán para el riego y, la otra mitad, para el abastecimiento de la población.
Este proyecto público es distinto a la iniciativa de una desaladora privada impulsada por la Junta desde 2022. En este caso la Administración regional sigue sin aclarar si continúa con el procedimiento administrativo para adjudicar la concesión a uno de los dos licitadores que quedaban, Magtel y Acciona, después de que se retirara la propuesta de Trops y el Grupo Cobra. El pasado marzo, la entonces consejera de Agricultura y hoy eurodiputada del PP, Carmen Crespo, en una visita al embalse de La Viñuela, aseguró que «no se puede descartar ningún recurso».
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