La jueza concluye que el dueño de la finca dejó abierto el pozo por el que cayó Julen

La jueza ha dictado un auto en el que da por concluida la fase de instrucción de este caso y ordena que sigan las actuaciones contra el dueño de los terrenos por su participación en un delito de homicidio por imprudencia grave. Ahora da un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral, formulando su escrito de acusación, o que pidan el sobreseimiento de la causa.

Con la provisionalidad de la fase procesal en la que se encuentra el caso, es decir la de instrucción, la jueza realiza un relato de los hechos acontecidos en función de los indicios que asegura que se aprecian. Lo hace tras un análisis de las pruebas practicadas, como son las declaraciones del dueño de los terrenos, la de los padres del niño o la autopsia realizada por los forenses.

Recuerda que David adquirió la finca de Totalán en octubre de 2018 y que, para obtener agua en el paraje, contrató de forma verbal al pocero Antonio Sánchez. Durante los días 17 y 18 de diciembre realizó una primera perforación y una segunda de unos 110 metros de profundidad en la explanada del terreno. Sin embargo, al no encontrar agua en la segunda, se sacó el tubo metálico empleado para su ejecución y se colocó una piedra encima del pozo para cerrarlo.

Tras la intervención del pocero, los trabajos en la finca continuaron, según explica la jueza, con la ejecución de una zanja en forma de 'L' para hacer un muro de contención. Esta se ejecutó el 5 de enero, quedando al final del foso el pozo en el que no se encontró agua.

Aquel día, David dejó de nuevo tapada la apertura de la prospección con una piedra. Al respecto, la magistrada explica que el dueño de la finca regresó pasados unos días a los terrenos para realizar unas mediciones, momento en el que dejó al descubierto el agujero del pozo y se marchó de la zona.

No volvería a ella hasta el 13 de enero, día en el que tuvo lugar el trágico suceso. David acudió a la finca con su esposa, Adriana Jiménez, y su hija menor, así como con Julen y sus padres, Victoria García y José Roselló. La idea era pasar un día de campo y hacer un arroz en los terrenos de Totalán.

Cuando llegaron a la finca, David y José dieron un paseo para conocer las inmediaciones del terreno y se dispusieron a preparar el fuego para la comida, mientras que sus parejas se quedaron a cargo de los menores en la explanada en la que iban a comer.

Tras advertirle a José de que estuviera al cuidado de Julen porque iba a llamar al trabajo, Victoria se separó unos metros del grupo. Con Adriana a unos 2,5 metros del pozo y José y David preparando el fuego, Julen se introdujo en la zanja y empezó a correr en dirección a la boca de la prospección.

La jueza relata el instante en el que Julen cayó al pozo. Alertada por la situación, Adriana comenzó a gritar el nombre del menor, mientras José, que reaccionó inmediatamente, corrió tras su hijo para intentar darle alcance. La magistrada expone que no lo consiguió y que el niño se precipitó por el agujero. Comenzaba tras ello el mayor rescate en la historia de España. Se desplegaron numerosas personas, así como equipos de especialistas y maquinaria. Fue una obra de ingeniería civil, siempre según el relato de la jueza, quien apunta que el coste económico de las actuaciones ascendieron a 687.749 euros.

Las tareas se prolongaron hasta el 26 de enero, cuando a las 03.29 horas de la madrugada se consiguió rescatar el cuerpo de Julen. La autopsia dictaminó que había fallecido por un traumatismo al precipitarse por el pozo.

Ahora, según la jueza, todos los indicios apuntan a David como responsable de lo ocurrido. La magistrada indica que, cuando el propietario de los terrenos llegó a la finca con sus amigos aquel 13 de enero, el pozo por el que cayó Julen estaba al descubierto y sin estar protegido con las suficientes medidas de seguridad.

Además, apunta que, a sabiendas de ello, no adoptó ninguna medida para evitar cualquier resultado lesivo de las personas que allí estaban. La jueza insiste en que, siempre según lo que se ha establecido en la fase de instrucción, tampoco ha quedado justificado que David alertara de la existencia de un pozo, cuya visualización era difícil.

Tras enumerar las carencias en cuanto a permisos para los trabajos que se habían ejecutado en la finca y las registradas en materia de seguridad, la magistrada concluye tras la valoración inicial de las pruebas que estos hechos suponen, sin perjuicio de una posterior calificación, de un presunto delito de homicidio por imprudencia grave.

La abogada de los padres de Julen, Antonia Barba, ha insistido en que el auto de la magistrada está «muy fundamentado». Además, ha dicho que están de acuerdo con su contenido y que continuarán adelante con la acusación contra el dueño de la finca.

Por su parte, desde el despacho de abogados Lawbird Legal Services, que representa a David, han informado de que recurrirán el auto de la jueza. Su director, Antonio Flores, ha manifestado que no es cierto que su cliente no advirtiera de la presencia del pozo en la finca ni tampoco que lo dejara destapado en el momento en el que el niño cayó por el agujero de la prospección, ya que insiste en que puso dos cantillos de hormigón.