Argumentos a favor y en contra del proyecto del campo de golf, hotel de lujo y 680 casas en Maro

La iniciativa promovida por la Sociedad Azucarera Larios S. L., en terrenos de su propiedad desde hace casi un siglo, se basa en un convenio urbanístico que ha elaborado el equipo de gobierno del PP en minoría, liderado por José Alberto Armijo, que ya redactó y anunció en abril de 2015, apenas dos meses antes de que se produjera un cambio en la Alcaldía, con la llegada de un tripartito, de PSOE, IU y EVA-Podemos.

Tras recuperar el bastón de mando en junio de 2019, los populares han vuelto a la carga con este proyecto, convencidos de que supondría «un valor añadido» para la localidad costera más oriental de la provincia, «generando empleo y riqueza en el sector turístico». La concejala de Urbanismo, Nieves Atencia (PP), declaró el pasado abril que el entorno «es un lugar marcado por feos invernaderos, indigentes y hippies viviendo en cuevas».

En efecto, la zona se ha visto algo degradada en las últimas décadas por distintos factores, aunque aún conserva un buen número de parcelas cultivadas, con subtropicales, invernaderos, patatas y boniatos. Precisamente, la cooperativa de Maro, Coamar, es uno de los colectivos que ha presentado alegaciones al convenio durante el periodo de exposición pública, que se cerró el pasado viernes. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se señala que la entidad agrupa a 150 familias, con una facturación de 955.000 euros en 2019.

«Reiterar 'Sí al azadón, no al hormigón' y 'Sin la tierra no hay futuro' como expresiones que los agricultores de Maro ya defendidos en diciembre de 1996 cuando nos encerramos en la Cueva de Nerja durante diez días con un gran seguimiento mediático», expresan en alusión a las reivindicaciones que protagonizaron los llamados 'colonos de Larios' hace casi un cuarto de siglo en demanda de la propiedad de las tierras.

Al frente de aquella protesta, detrás de la pancarta, estuvo el alcalde nerjeño, que entonces llevaba apenas año y medio en el cargo. «Me siento muy orgulloso de lo que hice», manifestó hace unos días en la televisión local Telenerja. «Ahora hay que mirar al futuro, y ver si queremos mantener la situación actual o darle un enfoque de excelencia turística a Nerja», afirmó Armijo, quien dijo que no van a tomar «decisiones precipitadas». «Hay una serie de deudas con esta sociedad, de 70.000 metros cuadrados de suelo, y un compromiso de liquidarle el importe o darle aprovechamientos urbanísticos», apostilló.

Larios ha cifrado la inversión necesaria para ejecutar su proyecto en 311 millones de euros y se plantea un plazo de diez años para su ejecución una vez que cuente con el visto bueno de las administraciones. El convenio conlleva recalificar suelos agrícolas, parte de especial protección, además de afectar parcialmente al BIC de la Cueva de Nerja y al paraje pintoresco de Maro, por lo que deberá contar con la aprobación de la Junta de Andalucía.

La instalación deportiva se regaría con el agua regenerada en la estación depuradora que se está ultimando en este mismo entorno, la primera planta del municipio de la Axarquía, que sigue vertiendo las aguas residuales al mar sin tratar. Para los grupos de la oposición, como PSOE y Adelante, «el proyecto Armijo-Larios es una auténtica aberración ambiental». «Acabaría con una tradición agrícola de más de 400 años y convertiría en un gueto a Maro, no crearía empleo», sostiene el portavoz de Adelante, José Juan Aído.

Por contra, en un vídeo promocional, Larios cifra en 1.600 los puestos de trabajo que se crearían, 600 permanentes. La Plataforma Otra Maro y Otra Nerja es Posible presentó la pasada semana en el Ayuntamiento 9.001 firmas en contra de la iniciativa. «Queremos que los concejales recapaciten, hay que desligar las deudas del convenio, de proseguir nos enfrentaremos en los tribunales de justicia», auguraron.