La Audiencia, sorprendida de que el fiscal no recordara antes que estaba destinado en Melilla cuando se produjo el accidente en el que murió el motorista

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vélez acordó en septiembre el sobreseimiento provisional del caso al considerar que Jorge García perdió la vida en un accidente fortuito debido a que la moto le hizo un extraño, perdió el control y salió despedido. El juez resolvió que no se podía atribuir «en modo alguno» responsabilidad a un tercero en general ni a los imputados en particular, ya que, según apuntan un testigo y el informe de la Guardia Civil, la causa del accidente fue un «brusco zigzagueo» de la rueda trasera de la moto durante un adelantamiento.

El instructor alberga «poderosas dudas» sobre la presencia del fiscal y su mujer en el lugar del accidente después de que su defensa aportara un documento de la Fiscalía indicando que en esas fechas se encontraba destinado en Melilla, y un certificado del gerente de un hotel de esa ciudad en el que asegura que pernoctaron allí entre el 14 y el 21 de junio de 2011.

Certificados aportados

Los padres del joven, Aurelio García e Isabel Jiménez, recurrieron la decisión judicial al entender que aún quedan diligencias por practicar y calificaron de «sorpresiva» la aportación de estos certificados por parte de la defensa del fiscal y de su mujer «cuatro años después de que se iniciara la investigación».

La Sección Primera de la Audiencia ha estimado el recurso de la familia, con la que comparte su sorpresa ante el hecho de que ni el fiscal ni su mujer recordasen que se encontraban en Melilla cuando la Guardia Civil y el juez les preguntaron anteriormente por el accidente. El tribunal recuerda las declaraciones del representante del Ministerio Público al respecto: «Es más, incluso el imputado manifestó tanto a la Guardia Civil como al juez de instrucción que se encontraba destinado en Vélez-Málaga, o que no se acordaba muy bien, pero que en cualquier caso, de estar destinado allí, no podía llevar la misma dirección que la motocicleta siniestrada, sino la contraria, en atención al lugar de su domicilio».

La sala asegura que no duda «en absoluto» de la veracidad de los certificados aportados por el investigado, emitidos por la Fiscalía y el hotel, pero «lo que se plantea la acusación particular y sin duda este tribunal es que no hayan sido presentados hasta ahora», según la resolución de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso SUR.

La Sección Primera coincide con la familia del fallecido en que esos documentos no son «incompatibles» con la presencia de los investigados en el lugar del siniestro, pues «si bien prestaba servicio en los juzgados de Melilla, ello no le impide viajar a Málaga, al igual que la imputada [...] y que ambos puedan pernoctar en el hotel». Los padres de Jorge solicitaron en su recurso que el establecimiento remitiera la factura de pago y que ésta sea acreditada por el Ministerio del Interior, además de que la compañía aérea certificara si el fiscal o su esposa volaron a Melilla o de regreso a la península en esas fechas.

La familia pedía también que se investigara el origen de unos daños que presentaba el vehículo Mercedes Benz del fiscal, quien declaró ante el juez que esos desperfectos se los ocasionó el coche de un familiar cuando su vehículo estaba estacionado en un pueblo de Zamora. A preguntas de la acusación, aseguró entonces desconocer por qué ese familiar niega ahora los daños, cuando la aseguradora se hizo cargo de los mismos.

La sala ha admitido las diligencias de investigación solicitadas por los padres de Jorge, que siempre han sostenido que sólo buscan «saber la verdad» sobre el accidente. El tribunal ha ordenado que se oficie a las aseguradoras para comprobar el siniestro y a la compañía de vuelo regular que cubre la línea Málaga-Melilla. La causa, después de tres archivos provisionales, vuelve a estar abierta.