Piden 13 años de cárcel para una banda de narcos con la que colaboraban con guardias civiles

La desarticulación de esta organización criminal, que estaba siendo vigilada por las fuerzas del orden, se produjo a raíz del desembarco, en la madrugada del 8 al 9 de mayo de 2012, de un alijo de 1.522 kilos hachís en la playa de la Cagaílla, situada en el término municipal de Salobreña (Granada).

A partir de información previa al respecto, se estableció un dispositivo conjunto entre las Comandancias de la Guardia Civil de Málaga y de Granada que permitió la inmediata detención de algunos de los integrantes de la banda y el posterior arresto escalonado del resto, entre ellos sargentos de la Guardia Civil y exagentes de la Policía Nacional, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

Para conseguir su cometido, la organización se proveía de diferentes vehículos de alta gama para cargar la mercancía y emprender la huida a gran velocidad, además de alquilar con antelación distintas viviendas para organizar el dispositivo días antes del desembarco de la droga y para dar cobijo a los llamados 'farderos' una vez cometida la acción criminal.

La banda de narcotraficantes estaba liderada por el marroquí Saoud R., e integrada por diez personas más, todas ellas imputadas en esta causa por delitos contra la salud pública, de organización criminal y de falsedad en documento oficial.

Para favorecer el éxito de sus operaciones, varios miembros de la organización criminal realizaban labores de vigilancia en lugares estratégicos de acceso a la costa para alertar de la presencia de coches policiales o de agentes y recoger los fardos de hachís en la playa, que eran trasladados en vehículos hasta los lugares establecidos como 'guarderías'.

Todos los miembros se comunicaban por teléfono móvil en un lenguaje previamente concertado para eludir la acción policial. De acuerdo con esta estrategia, también se "vincularon y participaron de una forma directa" de la actividad criminal de la organización, y particularmente en la fase preparatoria del desembarco de droga en la playa de la Cagaílla, varias personas que formaron parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Es el caso de Germán Antonio G.F., exguardia civil sancionado con la separación del cuerpo, y Juan José M.L., inspector en situación de jubilación del Cuerpo Nacional de Policía. Para este alijo en cuestión, se contactó además con el sargento comandante del puesto de la Guardia Civil de Vélez de Benaudalla, el también acusado Amador Luis G.F, el cual estaba al tanto de las circunstancias del desembarco. También el procesado Luis José D.M., sargento de la Guardia Civil, actualmente en suspensión de empleo, prestó su colaboración en los actos de la fase preparatoria.

Agentes implicados

Así, en su condición de sargento y comandante del Puesto de Vélez de Benaudalla, Amador Luis G.F., presentó a miembros del destacamento al agente Germán Antonio G.F. con otro nombre y como un compañero jubilado, el cual estuvo entrando con asiduidad a la vivienda donde fueron escondidos los 51 fardos de hachís que la banda desembarcó en la playa de la Cagaílla. Este casa fue alquilada por el otro sargento implicado, Luis José D.M.

Por su parte, el sargento Amador Luis G.F., realizó desde su puesto labores de vigilancia para la organización criminal, entre otras actuaciones, mientras que el inspector jubilado del Cuerpo Nacional de Policía Juan José M.L. alquiló a su nombre viviendas y vehículos para la operación de narcotráfico.

El operativo activado por la Guardia Civil en las estribaciones de la playa de la Cagaílla sobre la una de la madrugada del 9 de mayo de 2012, permitió a la agentes seguir toda la operación de la banda para desembarcar el hachís en la costa, donde los agentes entraron con los coches oficiales, momento en el que los 'farderos' emprendieron la huida.

Durante los días posteriores, los agentes realizaron seguimiento de los vehículos de la organización y vigilaron la vivienda en la que se había escondido la droga, que finalmente fue registrada el 11 de mayo tras obtener autorización judicial. En su interior se hallaron 51 fardos de hachís con un peso total de 1.522 kilos que en el mercado ilícito hubiera alcanzado un valor de 2,3 millones de euros.

Las intervenciones telefónicas y el seguimiento realizado a los miembros de la banda criminal permitió a la agentes conocer nuevas reuniones de sus integrantes, realizar nuevos registros domiciliarios y proceder al arresto escalonado de sus miembros.

La Fiscalía considera que estos hechos constituyen delitos contra la salud pública, de organización criminal y de delito de falsedad en documento oficial por el que solicita penas de entre uno y 13 años de prisión y multas de siete millones de euros. El juicio se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada el próximo 14 de diciembre de 2015.