Los padres tendrán que autorizar por escrito la vacunación de sus hijos, pero la justicia podrá intervenir si se oponen

A partir de 16 años, la decisión de vacunarse corresponde a los adolescentes. Por debajo de esa edad, la ley recomienda oír a los menores aunque deja la decisión final en manos de sus padres. Si estos se oponen a vacunar a sus hijos, el asunto puede llegar a los tribunales. Y las sentencias más recientes anteponen el interés de los menores, es decir, el derecho a que sean vacunados. «No se discute el derecho de los progenitores a defender las creencias que estimen oportunas o el sistema de educación y de vida de sus hijos, pero siempre que no resulte perjudicial para los mismos», expuso la Audiencia Provincial de Vigo en verano de 2019.

Ya en la pandemia, hay resoluciones que ponen contra las cuerdas a los antivacunas. En febrero de este mismo año, el Juzgado de Primera Instancia de Granada desautorizó a un hijo que se negó a que vacunaran a su padre, un anciano con Alzheimer ingresado en una residencia de ancianos. El juez dictaminó que el derecho a la salud debe prevalecer sobre la opinión contraria del familiar de referencia. También ha habido sentencias similares en Sevilla y Santiago de Compostela. En contra, la Fiscalía del Tribunal Supremo defendió en febrero de este año la libertad de decisión individual para prestar o negar el consentimiento a las inyecciones «en tanto que la ley no establezca obligación de vacunarse».

Desde la Asociación Española de Pediatría, en cualquier caso, entienden que «este tipo de situaciones, siendo llamativas, serán absolutamente excepcionales porque el rechazo a la vacuna en España está siendo minoritario», de ahí que haya sido uno de los primeros países en alcanzar un 70 por ciento de inmunidad.