La Junta presiona para la reforma de leyes que favorezcan la inversión privada en obra pública

El ejecutivo de la Junta justifica la premura por el ambicioso programa de obra pública que el Ejecutivo de PP-Cs ha diseñado en el plan Andalucía en Marcha. Este repesca proyectos antiguos y emprende otros nuevos y se marca como objetivo el comienzo de la ejecución esta legislatura, de la que solo quedan dos años. Este programa incluye «un banco de proyectos», según palabras de Moreno, bajo la fórmula de la colaboración público-privada.

Marín avanzó este martes las seis primeras infraestructuras de la alianza público-privada, entre ellas los grandes hospitales de Málaga y Jaén, por 750 millones de euros entre ambos. El de Málaga ha sido declarado de interés estratégico y el de Jaén lo será en el Consejo de Gobierno de este próximo martes que se celebra en Úbeda. Esto significa que tendrán la supervisión y el seguimiento de un agente de proyectos o 'project manager' para sortear todas las trabas administrativas.

Los otros proyectos son los siguientes: La sede administrativa de la Junta en el barrio San Bernardo de Sevilla (77 millones de euros de inversión); el hospital de Roquetas de Mar, Almería (30 millones); la Ciudad de la Justicia de Jaén (72 millones), y la Ciudad de la Justicia de Sevilla (110 millones). Estas cantidades, que suman 1.037 millones de euros (de los 3.500 que movilizará la Junta en el plan Andalucía en Marcha), no figurarán en el gasto de los presupuestos andaluces hasta que las obras estén terminadas y puestas a disposición de la administración. Son las empresas que concursen por hacerse con ellas las que deberán adelantar su financiación.

Esta es la diferencia mollar sobre obras licitadas a empresas con dinero público. Las fórmulas para compensar a las compañías inversoras pueden ser varias, pero en opinión del Gobierno andaluz, el corsé de la legislación estatal no deja mucho margen.

La colaboración público-privada ha existido siempre y todos los gobiernos la han utilizado, tanto los del PSOE como los del PP. Es una práctica que recomienda la Comisión Europea. Para el Gobierno andaluz de Juanma Moreno puede ser clave para la recuperación tras la crisis sanitaria en la construcción de obra pública, sobre todo de equipamientos sanitarios tan necesarias, o de otros servicios. Con ello se busca dar oxígeno a las empresas y crear empleo. Marín argumenta «agilidad» y «rapidez» en la ejecución y ahorro a las arcas públicas.

La colaboración público -privada abarca relaciones contractuales muy diversas, entre ellas las de servicios o conciertos. Bravo puso el ejemplo el pasado miércoles de que en Andalucía hay más de mil residencias de mayores y solo 14 son públicas, pero también los conciertos educativos y sanitarios pueden incluirse o la concesión de una cafetería y restaurante como la del Parlamento de Andalucía. «En realidad cualquier contrato que se licita desde la administración es colaboración público-privada», asegura un exalto cargo de la Junta.

Aún así, esta fórmula se atribuye sobre todo a la construcción de infraestructuras, como las de comunicación, a instancias públicas pero con financiación privada y con un cierto riesgo. Y en este aspecto, la Junta de Andalucía cuenta con fracasados intentos en la década de la anterior crisis, como la de la autovía de Almanzora, planeada por este sistema en 2012 y cuyo proyecto ha sido en parte rescatado con inversión pública. El más sonado de los fiascos fue el rescate del Ministerio de Fomento de los radiales de Madrid y autopistas del Levante por quiebra de las empresas concesionarias.

También ha habido proyectos de éxito, como el de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, construida con este método en la pasada legislatura con gobierno socialista presidido por Susana Díaz. Este éxito ha animado al Gobierno de PP-Cs a continuar la construcción de las ciudades de la justicia de Sevilla y Jaén con el mismo formato y a aplicar igual idea en la edificación de hospitales que luego serán enteramente públicos, como los de Málaga y Jaén. El proceso puede ser el siguiente: La Junta realiza un proyecto base con los requisitos de la instalación y cede un derecho de superficie a un tercero durante un periodo concreto, a cambio de que la empresa construya el edificio, se lo arriende y realice la explotación del mismo según las determinaciones establecidas en los pliegos que regulan el contrato. El adjudicatario ostenta el riesgo del proyecto y de la construcción del edificio, así como el de disponibilidad y explotación de los servicios.

En el riesgo está la clave. Antonio Ramírez de Arellano, que fuera consejero de Economía y Hacienda del último gobierno socialista y ahora diputado en el Parlamento, advierte de que si el adjudicatario privado «no corre ningún riesgo», entonces «es simplemente una inversión de pago diferido». Un intento, explica, de disfrazar la deuda y el déficit de las administraciones ahora bajo la lupa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La Unión Europea, añade, ha terminado obligando a que se computen como deuda muchas colaboraciones público-privadas «cuando se ha demostrado que la entidad privada realmente no corría riesgos». Lo que anota el exconsejero es que «una colaboración público privada de verdad es aquella en que tanto el sector público como privado corren conjuntamente un riesgo». La Ley de Contratos del Sector Público exige un informe financiero al respecto que demuestre que esa fórmula de contrato es más ventajosa que la inversión directa de la administración y también exige que se demuestre «que no es una forma de endeudarse sin que lo parezca».

El PSOE no se opone e incluso aboga por la fórmula de la colaboración público privada, pero Ramírez de Arellano entiende que no de forma generalizada, sino en casos puntuales. Dice sentirse sorprendido por que el plan de inversiones de la Junta anunciado esta semana pivote sobre dicha alianza. Recuerda que la colaboración privada «la termina pagando lo público», aunque tarde años. «La clave es que esta cuestión no puede ser una fórmula de carácter general, y cada proyecto requiere una explicación individualizada de su viabilidad y de su impacto en las cuentas futuras», añade.

El Gobierno de PP-Cs, por contra, considera que dada la situación de debilidad y cortapisas financieras de las administraciones, la alianza público privada es una oportunidad para dotar de mejores infraestructuras a la comunidad y recuperarse de la crisis sanitaria al poder «multiplicar por cuatro» las inversiones deseadas, según la explicación de Moreno a los empresarios en la presentación de 'Andalucía en marcha'.

«Este Gobierno, desde el principio, ha sido un firme defensor de la colaboración público-privada cuando realmente todos esos servicios van a ser públicos», dijo el vicepresidente Marín este jueves en comisión parlamentaria. Confesó que el bipartito era consciente de que muchas de las obras planificadas es imposible ponerlas en marcha con recursos propios, de ahí que se recurra a la inversión privada. «Hacen falta servicios esenciales que serían posibles en un plazo inferior a los que puede facilitar la administración en solitario», anotó Marín.

El Gobierno encuentra la comprensión de todos los grupos, salvo Adelante Andalucía. «Todo aquello que implique garantía de derechos humanos básicos, como la Justicia, debe ser financiado desde lo público», dijo la diputada de esta formación Luz Marina Dorado. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, considera que su uso está bien porque «el horizonte por delante no es muy favorecedor ni halagüeño, ya que la caída de ingresos va a ser notable y la reasignación de prioridades de sentido común». Gavira pide que también haya «control».

Todas las consejerías de PP y Cs han puesto sus expectativas en esta fórmula, que como bien sabe el consejero de Hacienda, Juan Bravo, no es una varita mágica. Necesita ajustarse a los pormenores de leyes estrictas, como apunta su antecesor Arellano, lo que hace que las compañías privadas recelen de lanzarse a la aventura. De ahí el empeño de Bravo para que el Ministerio de Hacienda acometa reformas en la actual legislación. Según el consejero de Hacienda, la colaboración público-privada es «una herramienta clave para el impulso y desarrollo de infraestructuras estratégicas, pero para su empuje y promoción es vital resolver determinadas deficiencias identificadas que tiene el sistema de colaboración en España, y que afectan a todas las fases del ciclo de su preparación, contratación, ejecución y finalización de contratos».

Bravo hace referencia a la normativa sobre desindexación de la economía española, vinculada a la Ley de Contratos del Sector Público, y que «actualmente constituye en la práctica un obstáculo para el impulso, desarrollo y realización de contratos de concesión en un momento tan importante». Tanto la reforma de la ley de contratos públicos como el reglamento de la norma sobre desindexación fueron aprobados en 2017, con el PP en el Gobierno, aunque ambas fueron consensuadas con los grupos políticos de entonces. Con posterioridad, sectores empresariales han criticado la brecha que a veces hay entre el legislador y la realidad del día a día por los citados desajustes que comenta el consejero de Hacienda, por cierto diputado del PP entonces en el Congreso.

¿Qué es lo que pide la Junta a Montero? Una nota de la Consejería de Hacienda detalla los pormenores de la misiva enviada por Bravo a la ministra: Dice el texto que la Ley de Contratos del Sector Público, regula que la duración de estos se calculen en función de las obras y servicios que constituyan su objeto. Según su planteamiento, si el contrato sobrepasara el plazo de cinco años, la duración máxima no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, sin que el contrato de concesión de obras pueda exceder el plazo de 40 años, o 25 años el de servicios.

La carta refleja que el reglamento de 3 de febrero de 2017, que desarrolla la Ley de 2015 de desindexación de la economía española, en su artículo 10 determina el periodo de recuperación de la inversión, estableciendo el parámetro de «rentabilidad razonable del proyecto», en el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos –aproximadamente 2,5% a día de hoy–. Según Bravo, «esta tasa no es representativa de las rentabilidades reales que actualmente se dan en el mercado, cuyas condiciones son variables a lo largo del tiempo y sus niveles de rentabilidad están estrechamente relacionados con el riesgo de cada proyecto, por lo que resulta irreal pretender financiar a este tipo esta clase de inversiones en infraestructuras», dice a Europa Press.

Ante el silencio del Ministerio de Hacienda, el Gobierno andaluz ha retomado otra vía, la de intentar la reforma a través de los grupos políticos en el Congreso, según desveló Marín a los diputados en la comisión parlamentaria del jueves. La batalla burocrática no impedirá que se siga adelante con el banco de infraestructuras públicas con financiación privada, según confirmaron a este periódico fuentes de la Consejería de Presidencia, que pilota la oficina de proyectos estratégicos de la Junta.