La Junta devolverá 119 millones de fondos europeos al no poder destinarlos a la gratuidad de la educación infantil

La explicación a esta situación se encuentra en la negativa que la Administración autonómica ha encontrado en el Gobierno de España a flexibilizar la norma que establecía que esta línea de ayudas europeas se destinara solamente a la creación de nuevas plazas públicas. Aunque las ayudas son concedidas por Europa, la medida por la que obtuvo la ayuda fue diseñada por el Gobierno de España.

El Ejecutivo central considera que para garantizar el derecho a la educación en este periodo temprano es necesario crear nuevas plazas públicas en aquellas áreas donde no hay oferta. La Junta entiende que la prioridad no debe ser la creación de nuevas plazas, sino avanzar en la gratuidad de las que ya existen en escuelas infantiles con las que se concierta el servicio y que no llegan a cubrirse por falta de demanda.

En Andalucía hay cerca de 200.000 niños con edades de cero a tres años, de los que un 56 por ciento están escolarizados. De estos, aproximadamente la mitad cuenta con bonificación total de la Junta de Andalucía, de acuerdo a las rentas de sus familias. El resto se ve obligado a pagar por este servicio, salvo que acuda a centros públcos. Las escuelas infantiles, tanto las públicas como las concertadas, disponen actualmente de unas 120.000 plazas, de las que sólo se ocupan unas 100.000.

Al no conseguir que se flexibilizaran los criterios para la utilización de los 123 millones de euros que se habían asignado a Andalucía, algo que sí se concedió a otras comunidades autónomas, según aseguró el consejero portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, la Junta ofertó a los ayuntamientos andaluces la posibilidad de que utilizaran los fondos para la construcción de escuelas infantiles municipales. Se hicieron dos convocatorias y solamente se adjudicaron cuatro millones de euros, lo que indica que no había necesidad de nuevas plazas.

La semana pasada, la Consejería de Desarrollo Educativo mantuvo una reunión con la Mesa de Infantil, en la que están representadas las escuelas infantiles que ya funcionan y que entienden que la creación de nuevas plazas públicas en un conexto de que no existe demanda supondría una condena segura a la ruina. En la reunión, se acordó devolver los 119 millones restantes ante la imposibilidad de poder destinarlos a la gratuidad de este periodo educativo.

En la Junta consideran que con la gratuidad en la educación de cero a tres años se avanzaría hacia tasas de escolarización similares a los del segundo periodo -de tres a cinco años-, que rondan el 90 por ciento.

Para ello, el Gobierno andaluz entiende que no es necesario crear más plazas, sino garantizar la gratuidad en las que ya existen, por lo que ha asumido avanzar en esa dirección a partir del curso 2025-2026. Lo hará en principio con recursos propios, aunque no renuncia a hacerlo con fondos europeos si consigue que se flexibilicen los criterios actuales y cuenta para ello con la ayuda del Gobierno de España.