La Junta acude al Constitucional contra el reparto de menores migrantes

La portavoz de la Junta, Carolina España, insistió en los argumentos que el Gobierno andaluz viene oponiendo a esta reparto. Considera que se trata de una decisión por la que el Ejecutivo de Sánchez pretende devolver favores políticos a formaciones de las que depende su mayoría parlamentaria. «Está utilizando un drama humano para hacerle un favor a sus socios independentistas, no puede ser que cargue a unas sí y a otras no y se libere a Cataluña», afirmó España. El Gobierno justificó en su día la fórmula aplicada en el decreto, que atribuye 88 menores al País Vasco, en que se ha descargado a aquellas comunidades que han hecho un esfuerzo previo en la acogida de menores.

Para la Junta de Andalucía, que hasta tanto el Constitucional resuelva su recurso cumplirá con lo dispuesto en el decreto al encontrarse ya en vigor, la norma invade competencias exclusivas de la comunidad, afecta a derechos fundamentales y vulnera principios constitucionales.

España aseguró que el objetivo del Ejecutivo andaluz es garantizar una atención digna y de calidad a los menores, tanto a los que se van a trasladar como a los que ya forman parte del sistema de protección andaluz y evitar que se vean afectados por decisiones impuestas que no van acompañadas de recursos.

La Junta cuestiona la situación de «extraordinaria y urgente necesidad» que justifica la aprobación del decreto, ya que si bien la crisis migratoria ha estado presente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022, por lo que entiende que no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la ley.

También considera que el texto aprobado extralimita las competencias estatales e invade las exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos.

Asimismo, cuestiona la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes de la sobreocupación por menores extranjeros no acompañados, al establecer la creación del fondo, pero no su regulación, provocando una situación de inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución.

Según el Gobierno andaluz, con la presentación del recurso ante el Constitucional, la Administración autonómica defiende su autonomía competencial y demanda un trato equitativo para todas las comunidades. Además, el Consejo de Gobierno pone el foco en la necesidad de preservar la dignidad de los menores y garantizar sus derechos, por lo que muestra su profundo rechazo «a que se les trate como mercancía al servicio del interés político».

También insiste en que la política migratoria, en especial la relacionada con menores migrantes no acompañados, debe ser consensuada entre todas las comunidades y contar con financiación suficiente para evitar el colapso de los recursos de protección para el amparo de los menores, que, en el caso concreto de Andalucía, ya opera al límite de su capacidad.