La Junta confía en recuperar el gasto de la limpieza del vertido de la mina de Aznalcóllar

Hoy se inicia en los juzgados de Sevilla la vista oral contra la empresa Boliden, gestora de la explotación minera en ese momento, a la que la Junta demanda el pago de los 89,8 millones de euros más intereses por los gastos de restauración medioambiental que tuvo que asumir para la limpieza de toda la zona afectada.

Así lo puso de relieve ayer el portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, que mostró su confianza en que se «haga justicia» en el juicio que resolverá sobre la última demanda promovida por el Ejecutivo andaluz contra la multinacional minera.

Fernández-Pacheco resaltó que esta zona está actualmente «restaurada y ha recuperado su altísimo valor y desde la Junta trabajamos para que el equilibrio entre la conservación de los ecosistemas y el desarrollo económico de la mina, que supone el porvenir y el bienestar de tantísimas familias, sea compatible».

El portavoz sostuvo que «el Gobierno andaluz trabaja para que una situación similar no vuelva a producirse jamás, ya que es precisamente lo que defiende la Junta y lo que nos exigen también los andaluces, así como recuperar el dinero destinado a restaurar el entorno que se hizo con dinero de todos los andaluces, por lo que la demanda va en defensa del interés general».

El juicio por el coste de este vertido llega hoy después de años de negociación entre la Junta de Andalucía y Boliden sin que se haya podido alcanzar un acuerdo entre las partes.

La firma minera rechaza asumir los costes de limpieza argumentando el impacto económico que tuvo el desastre en la empresa y que le llevó a un concurso de acreedores. La vista oral, que tendrá lugar en el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla, contará así con seis jornadas de duración y con un total de 13 interrogatorios.

Esta catástrofe natural se produjo en 1998 con la rotura de la balsa de residuos y el vertido de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, hoy Corredor Verde protegido, con efectos sobre unas 4.400 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana.