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«Lo están esperando casi nueve millones de andaluces y el gabinete jurídico de la Junta» . Con esta advertencia ha reaccionado la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, al anuncio del ministro Óscar Puente de la retirada de las ayudas para la implantación a partir de julio del transporte gratuito para menores de 15 años.
El titular de Transporte ha fundamentado su decisión en el incumplimiento por parte de la Junta de la obligación de informar de la aportación del Gobierno de España en esa iniciativa, una situación que, según la Junta de Andalucía, no se ha producido.
El origen del conflicto es una nota de prensa distribuida por la Consejería de Fomento el pasado lunes en relación a la intervención de su titular, Rocío Díaz, en un foro del diario Ideal en el que se daba cuenta de las ayudas al transporte público que entrarán en vigor el próximo junio y en la que no se mencionaba la aportación del Gobierno central. Desde el regreso de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a la política andaluza, se han incrementado los reproches desde las filas socialistas a la supuesta intención por parte de la Junta de apropiarse de iniciativas que en realidad corresponden al Gobierno central.
Esa misma tarde, Puente acusó a la Junta de Andalucía desde su cuenta de X de anunciar una bonificación que paga el Gobierno de España y lanzó su advertencia: «Esto va a traer cola».
La Junta considera que se trata de una mera excusa por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez para castigar a Andalucía con su «enésimo agravio», por lo que Carolina España adelantó que se ha activado a los servicios jurídicos de la Junta para que lleve este asunto a los tribunales. «Si el gobierno del señor Sánchez y Puente se atreven a quitarle las ayudas a los jóvenes actuaremos con todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance, que no van a ser pocas», advirtió.
La consejera no aclaró qué tipo de acción jurídica adoptará la Junta, pero garantizó que con seguridad habrá una respuesta en los tribunales. «La Junta dará la batalla -aseguró la portavoz-, vamos a defender a nuestros jóvenes, iremos a los tribunales con todas nuestras fuerzas».
En un plano más político, la portavoz reclamó a María Jesús Montero, que en su condición de vicepresidenta del Gobierno «le pare los pies» a Puente y le preguntó si va a ser cómplice de la soberbia del titular de Transportes.
España inscribió este nuevo episodio de desencuentro entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía en lo que considera una cadena de agravios por parte del Ejecutivo de Sánchez contra los andaluces y se preguntó si se procedería de la misma manera contra los gobiernos catalán o vasco.
La portavoz matizó que la consejera de Fomento dijo en todo momento que había una aportación de la Administración central del Estado y que la obligación a citar la aportación estatal está establecida en caso de publicidad y publicación. «No nos desviemos -pidió la portavoz de la Junta al ser preguntada sobre el posible incumplimiento del Gobierno andaluz al difundir la medida-. Es una reacción infantil fruto de la vanidad y la soberbia de un ministro que trata de agraviar una vez más a Andalucía, no vamos a permitir que se juegue con la dignidad de los andaluces».
Preguntada sobre si la Junta se hará cargo de las ayudas en caso de que el conflicto no se solucione, la portavoz señalo que el Gobierno andaluz no se plantea esa hipótesis porque se estaría ante «un atraco más» a la Junta de Andalucía.
Por su parte, el coordinador de Política Institucional del PSOE-A, Daniel Pérez subrayó que las ayudas al transporte público para jóvenes anunciadas por Díaz es una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez «para beneficiar a la juventud andaluza». «Hemos pillado una vez al Ejecutivo de Moreno Bonilla queriendo apropiarse de políticas estatales», afirmó.
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