Montero, para los convencidos

Si se exceptúa la asistencia al acto institucional del Día de Andalucía, lo que no supuso una novedad porque su presencia todos los 28-F era habitual incluso antes de su decisión de volver a la política andaluza, fue la primera vez que la secretaria general del PSOE de Andalucía pisó la Cámara autonómica desde que los militantes la designaron por aclamación en el congreso socialista de Armilla del pasado 23 de febrero.

El equipo de Montero montó un encuentro con entidades del sector de la dependencia con una comparecencia previa ante los periodistas para demostrar, ante una nube de cámaras, que llegar al Parlamento a las 12 del mediodía del jueves después de haber asistido la noche anterior a la final europea que disputó el Betis era posible. El objetivo no era otro que poner a en evidencia al presidente de la Junta, que había decidido no asistir a la sesión de control que debía celebrarse ese día a esa hora.

El golpe de efecto hubiera sido irreprochable si no fuera por dos detalles que sólo los muy partidarios de la vicepresidenta podrían elegir pasar por alto. El primero, que con motivo del partido ella misma faltó a la sesión de control en el Congreso de los Diputados del miércoles por la mañana, sin explicar en ningún momento si hubiera sido posible cumplir con esa obligación y posteriormente subirse a un avión que la llevara a Polonia, donde se jugaba el partido. El plan de ponerse como ejemplo para afear incumplimientos ajenos cuando no se han honrado las obligaciones propias presenta, más que lagunas, un océano de incongruencia. Un moroso nunca puede presentarse como ejemplo de solvencia financiera.

El segundo es el debate que hay abierto en Andalucía sobre la financiación de la dependencia, un servicio que se presta con un retraso inasumible y que da lugar a las situaciones dramáticas cuando los familiares reciben la notificación de que la prestación ha sido concedida semanas o meses después de haber asistido al funeral del beneficiario.

La Junta de Andalucía es la principal responsable de esa situación, pero cuando María Jesús Montero pisó el pasado jueves el Parlamento acababa de cumplirse una semana desde que la consejera de Inclusión Social retara en sede parlamentaria a la vicepresidenta a firmar un acuerdo idéntico al que disfruta el País Vasco. El Gobierno acordó recientemente aportar a esa comunidad autónoma el 50 por ciento de los fondos con los que se sufraga la dependencia.

Montero no hizo la más mínima referencia a esta cuestión, lo que revela que la política del Gobierno en relación a la dependencia se reduce a criticar lo que hace la Junta y que ir al Parlamento no tenía más objetivo que dejar en evidencia la ausencia del presidente de la Junta. Haber aprovechado la ocasión para ofrecer a Andalucía una financiación de la dependencia igual a la vasca sí que hubiera sido un golpe de efecto, pero cuando la estrategia obliga a negar lo que justo, resulta lógico que los movimientos apunten a lo anecdótico y no a lo relevante.

Todo esto quedaría en un mero episodio más en el bosque del navajeo político habitual si no fuera una demostración de que aquella época en que PP y PSOE parecían disputarse una parte de la ciudadanía indecisa ante las urnas, de comportamientos electorales fluctuantes y más pragmática que ideologizada ha pasado a la historia. Lo único que parece procurar ahora el socialismo andaluz es excitar a la parroquia propia y desanimar a la contraria.

Porque fuera de la intención evidente de seguir manteniendo una ausencia puntual del presidente de la Junta en el centro de la agenda pública andaluza, es difícil creer que alguien más allá de los ya convencidos previamente haya cambiado de opinión después de la visita de la vicepresidenta.