La excúpula de la UGT-Andalucía, más cerca del banquillo en un juicio por un fraude de 40 millones de euros en facturas falsas

El instructor le acusa a él y a otros 13 exdirigentes por delitos de fraude en subvenciones y falsedad en documento mercantil, al tiempo que concreta en 40. 750.047,74 euros la cantidad supuestamente defraudada, dinero proveniente de ayudas de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

El magistrado atiende la petición fiscal y archiva la causa de forma provisional contra el exsecretario general de la UGT-A Manuel Pastrana por razones médicas, ya que sufre una grave enfermedad neurodegenerativa, como confirmó un informe forense el pasado mes de mayo. El juez, en el auto de este martes 3 de diciembre, traslada la causa a la Fiscalía y partes personadas para que en 20 días formulen escrito de acusación para la apertura de juicio oral, o bien su archivo o más diligencias complementarias.

El juez relata en el auto que desde 2009 a 2013 «se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias«. Este concierto del sindicato con los proveedores permitía ganancias que provocaba que los fondos recibidos a través de subvenciones públicas se dedicaban «a fines distintos del destino que deberían haber tenido», que era el de «la práctica de acciones formativas a personal ocupado y desocupado», de acuerdo con los expedientes de subvenciones otorgadas por la Consejería de Empleo.

Las técnicas utilizadas fueron varias, describiendo el magistrado las del rápel, 'botes' y cesión en usufructo de locales del sindicato a una sociedad mercantil, Soralpe, de la que UGT-A era socio único. Con la de rápel, el sindicato se beneficiaba de descuentos que los proveedores le realizaban en diferentes facturas, sin que tales descuentos se declarasen a la Junta de Andalucía; Con el llamado 'bote', el sindicato concertaba facturas falsas con los proveedores «que no corresponderían a servicio prestado alguno», pero que mediante simulación «eran imputadas a programas subvencionados». La tercera vía de financiación fraudulenta era el alquiler de sedes para cursos de formación que en realidad «no generaban realmente un gasto más que el de mantenimiento«. Los diferentes métodos eran utilizados para «obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato».

El magistrado considera que, «en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor» del secretario general de Administración o tesorero, Federico Fresneda, «que servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores con los que concertaba» de forma verbal la trampa y que colaboraban en la citada mecánica. En esta labor el juez considera también clave «el apoyo directo« de Fernández Sevilla, entonces secretario de Organización, y de la secretaria de Gestión Económica y la responsable del Departamento de Compras, María Dolores Sánchez y María Chapín.

El caso de las facturas falsas estalló en paralelo al de los ERE y los cursos de formación, cuando se destapó que el sindicato pagaba con ayudas recibidas comidas en la Feria de Sevilla y regalos. La primera denuncia la puso Manos Limpias, recayendo la investigación en el juzgado 9 de Sevilla en 2013. Con posterioridad, la jueza Mercedes Alaya, que investigaba el caso de los ERE promovió la asunción de la causa relacionándolo con este caso. El TSJA deliberó después que no tenía nada que ver y volvió al juez por derecho, que ahora está a punto de abrir juicio oral contra los dirigentes sindicales. La UGT-A, que tuvo que desprenderse de sus sedes regionales en el centro de Sevilla ante los escándalos, se enfrenta también a reclamaciones de la Junta de Andalucía por subvenciones sin justificar y está inmersa en otros casos como el de la Faffe y cursos de formación.