Andalucía iniciará una «desescalada progresiva» el domingo sin toque de queda ni cierre regional

Sin el estado de alarma, cualquier decisión que restrinja la libre circulación de personas requiere el permiso de la autoridad judicial. Eso, advierte Moreno, «nos hará menos funcionales en algo que exige tanta rapidez como la lucha contra la pandemia». Los gobiernos autonómicos estarán desde el domingo «desnudos, en manos de un juez» para tomar medidas «como decirle a un contagiado que no salga de casa o cerrar un municipio o una provincia si superan los quinientos casos por cada cien mil habitantes». Desde la Junta confiaban en que Sánchez moviera ficha después de las elecciones madrileñas, pero el Gobierno central mantiene su decisión de no prolongar el estado de alarma. Ante este escenario, Andalucía trabaja en un plan de «desescalada progresiva», según adelantó ayer el propio Moreno durante un acto en Granada.

La primera petición que la Junta llevará a los tribunales, para obtener el aval judicial «en tiempo y forma», será el cierre perimetral de aquellos municipios que superen la tasa de quinientos contagios por cada cien mil habitantes, solicitud que se extenderá a las provincias, aunque los últimos datos mantienen a la región aún lejos de esa situación: la incidencia media en Andalucía se situaba ayer por debajo de los doscientos casos. Málaga es la segunda provincia, sólo por detrás de Cádiz, con una tasa más baja, aunque aún por encima de los cien contagios por cada cien mil personas.

Pero no todo cambiará. Los gobiernos autonómicos tienen competencias para modificar los horarios del comercio y la hostelería. La Junta no ha anunciado por ahora que vaya a ampliar su apertura, permitida hasta las 22.30 horas con la excepción de los restaurantes y bares que tengan clientes en ese momento, que pueden abrir hasta las 23 horas para finalizar el servicio, no para recibir a nuevos clientes. Moreno justifica las restricciones actuales «porque el coronavirus no se ha ido y siguen muriendo, infectándose y sufriendo personas todos los días». Por eso, aunque la vacunación muestra «la luz al final del túnel», el presidente autonómico reclama «seriedad» para iniciar una desescalada «progresiva pero serena, técnica y con rigor».

La ley de salud pública permite que las comunidades tomen las medidas que sean necesarias para controlar enfermedades transmisibles, pero en la práctica esas decisiones deben tener el visto bueno de la autoridad judicial. Y la experiencia demuestra que los jueces no siempre consideran legales los criterios de los gobiernos regionales. Ya ocurrió en febrero, cuando la justicia obligó a reabrir los bares del País Vasco al entender que no suponían un riesgo grave pese a la escalada de la tercera ola. Esta misma semana, ante las protestas del País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha, el Gobierno central ha aprobado un decreto para que las comunidades puedan recurrir en el Tribunal Supremo los autos de los tribunales superiores de justicia. Es decir, les ofrece la posibilidad de dar un paso más en el proceso judicial pero sigue dejando en manos de la justicia, en este caso del Supremo, las restricciones tras el estado de alarma.

El decreto armonizará las limitaciones en todo el país. Al arrebatar a los tribunales superiores de cada comunidad la última palabra y dársela al Supremo, el Gobierno garantiza que haya un único criterio sobre en qué casos se pueden restringir derechos para combatir el virus, con la opción de que se dicte jurisprudencia y se agilicen los trámites, que la mayoría de comunidades consideran demasiado engorrosos. También Juanma Moreno entiende que se trata de un movimiento insuficiente: «Esto se podría haber evitado con buena voluntad, gobernanza y liderazgo». Porque el final del estado de alarma supone también el inicio de una nueva pugna entre el Gobierno y las comunidades.