El Defensor del Pueblo anuncia una investigación de oficio en las residencias ante la «emergencia social» que atraviesan por el coronavirus

La institución que dirige Jesús Maeztu ha hecho «un llamamiento humanitario« y ha pedido «una respuesta» ante la grave situación que atraviesan las personas mayores residentes en centros privados, públicos o concertados en Andalucía frente a esta pandemia.

«La envergadura de este problema y su dimensión humanitaria hacen necesaria una investigación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz para acceder a la información que permita analizar el cumplimiento de las competencias y obligaciones por la Administración pública andaluza, siempre desde la perspectiva de la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía«, ha puesto de relieve la institución en un comunicado.

Esta actuación del Defensor parte de la multitud de denuncias que han llegado hasta la institución, así como de la ingente información pública conocida sobre la situación que están atravesando estos centros de mayores con la afectación de esta pandemia.

Según la institución, «son muchas las denuncias públicas que han llegado al Defensor por la falta de los equipos de protección a los profesionales para atender a estas personas, con riesgo de contagio mutuo; el desconocimiento de a quién deben instar su aprovisionamiento; la omisión de la práctica de la prueba de coronavirus a residentes mayores que en estos días han sido ingresados en hospitales por neumonía o pudieran padecer la enfermedad por sus síntomas; la carencia de espacios para el aislamiento de los contagiados o residentes con sospecha de afectación vírica o la falta de personal por las bajas sobrevenidas, entre otras«.

Además, el Defensor ha señalado que «es imperiosa la necesidad de extremar las precauciones y medidas de protección de las personas mayores que viven en residencias, como colectivo de especial vulnerabilidad por la limitación de sus capacidades y su exposición al contacto humano, al depender absolutamente de él para su supervivencia ordinaria«.

De la misma forma, también ha considerado que «es prioritario que las administraciones se coordinen para resolver las dificultades de organización y de respuesta para afrontar las situaciones de riesgo generadas por la falta de equipos de protección y abordar las pruebas de detección de la enfermedad«.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha tenido conocimiento también de todas las labores e informaciones de la Administración sanitaria, alusivas a la cuantificación en 700 de las residencias, públicas y privadas, existentes en la Comunidad Autónoma, a sus 45.000 residentes, a los intentos de aislamiento de los casos positivos detectados, a la revisión de las condiciones higiénicas y sanitarias de los inmuebles y al contacto con fines de coordinación con la Consejería de Igualdad, así como ha conocido la labor de desinfección de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en diversas residencias de mayores.

Tras el análisis de toda esta información y del manejo respetuoso y objetivo de la misma, el Defensor del Pueblo Andaluz se ha dirigido a la Consejería de Salud y Familias y a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía «para conocer las medidas específicas adoptadas para la salvaguarda de la salud de las personas mayores residentes en los centros de Andalucía, cualquiera que sea su titularidad, frente al riesgo de contagio por Covid-19, la previsión para realizar las pruebas de detección diagnósticas específicas, además de las actuaciones de coordinación realizadas para garantizar su atención y protección«.