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El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha puesto de relieve este miércoles en el Parlamento andaluz el deber de garantizar el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía y la necesidad de reforzar los servicios públicos tras la crisis de la pandemia del coronavirus, especialmente la sanidad y los servicios sociales.
Maeztu ha subrayado que este esfuerzo es necesario por parte de los representantes públicos para minimizar el impacto de la pobreza y la desigualdad tras esta crisis y no repetir los errores que se cometieron tras la recesión de 2008 con el objetivo de que «nadie vuelva a quedarse atrás», ha enfatizado.
El Defensor del Pueblo ha resaltado que ha sido el año «más duro y difícil en los casi 40 años de historia de la institución debido a la crisis covid« y, de hecho, ha añadido que una de cada cuatro solicitudes de actuación presentadas por la ciudadanía ante el Defensor el pasado año estuvieron directamente relacionada con la pandemia.
El Defensor del Pueblo ha abogado también en la Cámara autonómica por promover un nuevo modelo de gestión de las residencias de mayores tras la dura experiencia de lo sucedido en estos centros durante la pandemia, que fueron los más golpeados por el virus.
En la presentación de su informe anual, Maeztu ha apostado por «extraer lecciones de un año para olvidar para avanzar hacia la igualdad real en una sociedad justa, igualitaria y cohesionada», además de reclamar «el deber de prevenir enfermedades y contagios y de hacer un uso racional y responsable de los servicios de salud«.
El informe anual refleja que fueron 35.146 personas las que requirieron la intervención del Defensor durante el pasado año, de las 8.665 presentaron quejas, lo que sumadas a otras 87 de oficio, hicieron un total de 8.752 quejas. A estas se suman 3.821 procedentes de años anteriores, lo que hizo un total de 12.573 quejas gestionadas. En cuanto al número de consultas, fueron 16.828. El aumento de actuaciones en quejas y en consultas fue de un 25%.
Para el Defensor del Pueblo andaluz, 2020 debe ser también «un año para no olvidar y del que extraer lecciones con un objetivo como es avanzar hacia la igualdad real en una sociedad justa, igualitaria y cohesionada». En este sentido, el Informe extraordinario realizado en el confinamiento por la institución, llamado 'Derechos de la ciudadanía durante la Covid-19. Primera ola de la pandemia', recogió 13 retos que el Defensor ha condensado ahora en cuatro aportaciones o lecciones que está dejando esta pandemia.
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