Declaran como investigadas en el 'caso ERE' dos cargos del Gobierno de Aznar

Las diligencias abiertas señalan delitos por la inclusión de intrusos (personas que no trabajaban en las minas afectadas), el falseamiento de datos o índices para que colaran en el listado de beneficiarios quienes no tenían la edad y sobrecomisiones de aseguradoras, todo ello en supuesta connivencia con responsables públicos del Gobierno y la Junta y representantes sindicales sobre la base de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Declaraban ayer dos antiguos cargos del Gobierno central entonces, la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente. La segunda es una funcionaria con más de tres décadas de experiencia en la Administración central.

Fuentes del caso coinciden en que ambas defendieron la legalidad del sistema por el que el Ministerio de Trabajo concedió las ayudas y en cuestionar el informe de la UCO por falta de «rigor». Negaron la existencia de intrusos en los listados de las ayudas estatales. Carmen de Miguel aseguró que los listados eran «revisados» y si alguno no cumplía los requisitos se anulaba. También puntualizaron que la legalidad vigente entonces para la concesión de ayudas extraordinarias a empresas en crisis no exigían requisito de edad.

«Todos han puesto verde el informe de la UCO, tiene muchos errores», afirmó una fuente en alusión no solo a las excargos del Gobierno, sino también a varios sindicalistas, entre ellos el exsecretario general de CC OO Francisco Carbonero y Rafael Varea, secretario de Minería de la Federación Minerometalúrgica del mismo sindicato. Este último llegó a manifestar: «Lo que se ha hecho en Andalucía es lo que se ha hecho en toda España» en ayudas por la crisis minera.

La declaración de las dos excargos concitó ayer gran expectación, pero no por los aspectos antes mencionados y básicos para su defensa.

Había gran interés por conocer su versión de cómo se concedieron unas ayudas al alimón entre el Gobierno y la Junta después de que el actual director general de Empleo del Ministerio de Trabajo, Javier Thibault Aranda, remitiera un informe al Juzgado donde reconoce que el Gobierno central no realizó ningún concurso público para los 300 millones de euros de 200 ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011.

El escrito, solicitado por la jueza Núñez Bolaños, dice que aquellas ayudas se otorgaron de forma «directa» y arbitraria conformes a las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 para subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis, siendo ministro de Trabajo entonces José Antonio Griñán. Algunos abogados del magno sumario de los ERE ven en este escrito un revulsivo al caso, pues cuestionaría que se procesara a cargos políticos y funcionarios de la Administración andaluza y no a la del Estado si hacían lo mismo. El próximo 13 de diciembre se sentarán en el banquillo de los acusados los expresidentes Chaves y Griñán y otros 22 excargos de la Junta por 855 millones de euros en ayudas sociolaborales y directas concedidas en las mismas fechas, pero en el caso andaluz puestas en tela de juicio de forma literal.

Otros letrados quitan importancia al escrito por lo «controvertido» de la cuestión raiz del 'caso de los ERE', si los métodos aplicados en Andalucía para su concesión (la partida 31L del Presupuesto) y para el pago (este a través de las transferencias de financiación de Empleo a la agencia IFA/IDEA) eran legales o no. Esta es la cuestión principal a dirimir en el juicio de diciembre.

Las expectativas se cumplieron a medias. Las excargos del Gobierno admitieron que la Junta sí tiene plenas competencias para la concesión de las ayudas en materia laboral. Según unas fuentes, esto implica que la orden ministerial de 1995 da cobertura a las ayudas de la Junta de la partida 31L. Otras fuentes puntualizaron que ninguna de las exdirectivas ligaron las ayudas de la Junta a la orden de 1995. Incluso puntualizaron que una de ellas, Carmen de Miguel, subrayó que su firma en la concesión de las subvenciones estatales iba siempre precedida de fiscalización previa. Una observación nada baladí cuando uno de los argumentos del procesamiento contra cargos de la Junta en la pieza política es el de otorgar las ayudas sin fiscalización previa.