Los condenados por maltrato no se consideran agresores, sino víctimas

El análisis del patrón de conducta del maltratador y el estudio de once años de sentencias judiciales para encontrar los factores de riesgo centraron la primera mesa. Antes, en la inauguración, la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, reclamó al Gobierno central que consigne dinero para llevar a cabo el Pacto de Estado y denunció el último crimen machista, registrado el domingo en Cuevas de Almanzora, en el que ha sido el 42 asesinato registrado este año en España y el séptimo en Andalucía. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, también condenó el crimen y reclamó educar en igualdad.

Porque, en fin, el machismo está tan arraigado que ni se nota siquiera cuando estalla en su peor forma. Los maltratadores a los que trata Sergio Ruiz, muchos en la cárcel, muchos por asesinato, presentan «nulo o escaso reconocimiento de conductas de maltrato». Se perciben «como víctimas de la presión feminista y judicial»;no entienden la denuncia de la pareja, «son los primeros sorprendidos», y no se perciben como maltratadores. Para ellos, maltrato es llegar a casa y zurrar a la pareja «sin razón».

La ponencia sitúa el problema de la violencia de género en un ángulo esencial:qué lleva a los hombres a estas conductas y por qué. El psicólogo granadino analizó la existencia de un pensamiento marcado por la rigidez mental, irracional, lleno de mitos sexistas acerca de cuál es el papel de la mujer; hombres que presentan dificultades en la resolución de problemas, con «deseabilidad social», es decir quieren dar buena imagen, y que llevan un estilo de vida centrado en sí mismos, en torno a quien gira su familia.

A desmontar esta estructura mental dedica Ruiz Arias sus esfuerzos con programas de intervención complejos que les ayude a construir de otra forma la realidad, a controlar su ira, a gestionar una nueva masculinidad.

Porque los hombres que agreden a las mujeres son los que tienen el problema, hasta el punto de que llegan a suicidarse. En los últimos once años fueron 42 los casos judiciales en que no hubo sentencia por suicidio del criminal.

Es uno de los datos del estudio de la abogada cordobesa Aurora Genovés, que ha analizado las sentencias judiciales emitidas en Andalucía entre 2005 y 2015 para encontrar patrones de riesgo y cómo evitarlos. Ha sido una etapa en la que han sido asesinadas en la comunidad 150 mujeres, «150 andaluzas que debían haber podido estar hoy aquí», dijo con emoción.

El estudio de Aurora Genovés establece como principales factores de riesgo, por la incidencia de los casos, los pueblos pequeños, la convivencia, es decir el marido o pareja estable, el espacio doméstico y sobre todo el dormitorio, donde más crímenes se han cometido, y las armas blancas, en especial los cuchillos de cocina. Hay muchos datos de interés. Por ejemplo, la desigualdad entre provincias:el máximo es de 37 asesinatos en Málaga, el mínimo de 4 en Huelva. Los meses del año en que se cometen estos crímenes judicializados no se corresponden con la creencia general: hay menos asesinatos en julio y agosto (9) que en septiembre y octubre (17).

Del análisis se desprenden estrategias que la propia consejera ya anunció que se van a poner en marcha. Por ejemplo, actuar en los pueblos menores de 20.000 habitantes, donde se han producido 56 asesinatos, y donde las víctimas tienen más dificultades para pedir ayuda y es más complicado hacer llegar la información y los recursos. El apoyo a las mujeres rurales será una de las líneas de trabajo prioritarias.

También se va a atender a las mujeres extranjeras, el 17%de las víctimas, sobre todo en Málaga y Almería, haciéndoles llegar información en su propio idioma y buscando interlocutores culturales.

Del estudio de las sentencias, muy doloroso, reconoció la autora, se desprende también un posible patrón de actuación:suele haber violencia previa, aunque no está debidamente sistematizada, y el agresor acostumbra a darse un tiempo, más o menos largo, en el que la víctima se confía y baja la guardia, no se protege y entonces, por algún hecho desencadenante, el agresor le ataca, de manera habitual «salvajemente», con el agravante de parentesco. El estudio refleja las dudas sobre las órdenes de alejamiento o protección. En 25 sentencias hubo denuncias previas y en 10 estas cautelas fueron negadas por los jueces. Genovés se preguntó si la valoración del riesgo es adecuada, si sería preciso un informe forense o si es suficiente el cuestionario informático.

De las sentencias estudiadas, la media de pena ha sido de 16 años y 7 meses y las indemnizaciones muy diferentes. La primera sentencia tarda en producirse casi dos años.