La Comisión Europea rechaza la propuesta sobre los regadíos en Doñana

Sinkevicius afirmó que la Comisión está profundamente preocupada porque la norma que se tramita en el Parlamento, si se aprueba en sus actuales términos, podría degradar el humedal protegido de Doñana, pero fue más allá y criticó la acción a su juicio insuficiente del Gobierno de España para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a proteger el acuífero.

Aseguró en ese sentido que las medidas adoptadas hasta ahora para hacer frente a los incumplimientos declarados en la sentencia no son suficientes, «incluso sin el probable impacto negativo de la normativa propuesta, que parece ir en la dirección contraria», según la comunicación enviada por la Comisión.

En opinión del comisario de Medio Ambiente, es evidente que la agricultura intensiva y los centros turísticos cercanos están relacionados con la desecación y la reducción de las balsas en todo Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son insostenibles y requieren de medidas urgentes para controlar las extracciones. Indicó que el proyecto de ley crea un marco legal favorable para el reconocimiento de los derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la presión excesiva sobre los acuíferos subterráneos ya sobreexplotados.

La reunión se inició con una intervención de Fernández-Pacheco, que expuso los pormenores de la propuesta de ley y aseguró que la misma persigue proteger al acuífero ya que el agua para abastecer a los regadíos llegaría en superficie a través de un trasvase que debe ejecutar el Gobierno y cuyas obras aún no han empezado. Fernández-Pacheco insistió en que la ley «viene a solucionar problemas y a salvaguardar Doñana, su acuífero y la riquísima biodiversidad que atesora».

A continuación, Sinkevicius expuso la posición de la Comisión Europa y finalmente intervino nuevamente Fernández-Pacheco, que aseguró que la preocupación de la institución europea por el cumplimiento de la sentencia es compartida por el Ejecutivo andaluz. El consejero dijo que la Junta está siendo diligente en la parte que le corresponde, aunque el 90 por ciento depende de la Administración general del Estado. A este respecto, recordó que las obras para el trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos desde la cuenca del Tinto-Odiel y Piedras, aprobada por ley en 2018, aún no se han iniciado.

A pesar de las críticas al texto en tramitación, en el entorno del consejero se respiraban buenas sensaciones tras la reunión. Era la primera vez que el Gobierno andaluz tenía la oportunidad de explicar de manera directa los objetivos de la propuesta y se encontró con una actitud receptiva para estudiarla. Sinkevicius confirmó que la Comisión evaluará ahora detenidamente las aclaraciones facilitadas.

Fernández-Pacheco le entregó un documento que además de la proposición de ley explicaba las acciones que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en materia medioambiental y para la protección de Doñana, incluyendo la construcción de infraestructuras de depuración de aguas residuales, que ya provocó una multa millonaria de la UE a España.