Los colegios e institutos sólo registraron en dos años cinco quejas por actividades complementarias

El sistema educativo andaluz cuenta con más de 7.000 centros públicos y concertados, a los que asisten 1,8 millones de alumnos. Diariamente se realizan en todos ellos actividades complementarias, que a diferencia de las extraescolares, tienen lugar en horario lectivo, forman parte del currículo y se deben realizar con la presencia del docente.

Estas actividades se han situado en el centro de la actualidad política después de que Vox denunciara que suponen un vehículo de adoctrinamiento de los menores y anunciara su ruptura con el Gobierno de la Junta por su reticencia a ponerles coto mediante la implantación de un 'pin parental' mediante la aprobación de cambios normativos. Sin embargo, los episodios que han obligado al servicio de inspección a evacuar informes tras denuncias de las familias que consideraban inadecuadas las actividades organizadas han tenido una importancia marginal tanto por su número, cinco, como por la trascendencia real en el desarrollo de la actividad lectiva en Andalucía.

Ello se debe, según explican desde Educación, a que los responsables de las actividades complementarias son los propios docentes y su organización ya está regulada. En la reunión técnica celebrada la semana pasada entre la viceconsejera, Carmen Castillo, y el portavoz de Vox en materia educativa, Macario Valpuesta, se acordó avanzar en la mejora del sistema de información a las familias, único apartado en el que el que la Consejería de Educación considera que se pueden introducir cambios.

El primer expediente abierto durante la actual legislatura por un episodio de este tipo tuvo lugar en el instituto de secundaria Andévalo de Puebla de Guzmán (Huelva), en febrero de 2019, por una actividad relativa al Plan de Igualdad que se desarrolla en el centro y que consistía en privar del recreo a los alumnos varones para visibilizar la situación de discriminación por motivo de género que durante siglos han sufrido las mujeres. Esta iniciativa, que estaba prevista para una semana completa, fue denunciada el primer día por un miembro del Consejo Escolar del centro y provocó la intervención del servicio de Inspección de la Consejería de Educación, al entenderse que planteaba una situación discriminatoria entre alumnos y alumnas. La actividad fue suspendida de manera inmediata.

También en Huelva, a comienzos del presente curso, en el IES Rafael Reyes de Cartaya tuvo lugar una intervención de la Inspección. Estaba prevista la impartición de un taller de educación afectiva sexual a alumnos del sexto curso y una madre se presentó en el centro para expresar su desacuerdo. La mujer fue informada del contenido de la actividad, que finalmente se desarrolló sin inconvenientes y con la asistencia de su hijo. En este ocasión, según explican desde Educación, se trató de un caso en el que no se había brindado la información suficiente a las familias.

La semana pasada, con motivo de la celebración del Día de Andalucia, se produjo otra protesta por parte de padres de un centro de primaria, también de Huelva, donde un miembro del Parlamento acudió a dar una charla explicativa relativa a la Autonomía andaluza. A la salida, hizo declaraciones de carácter político a periodistas que lo esperaban en el porche del centro, lo que motivó protestas de padres. El colegio fue requerido por la Inspección para que regule en su proyecto educativo claramente cómo debe ser la participación del personal externo al centro y se establezca la prohibición a los medios de comunicación de grabar dentro del mismo.

Otro de los episodios relacionados con actividades complementarias que obligaron a intervenir al servicio de Inspección tuvo lugar en Almería. En el IES Cura Valera, de Huércal Overa, se impartió un taller a alumnos de segundo curso titulado 'Los mitos de la pornografía' por parte de una empresa externa. Durante esta actividad, según fuentes de Educación, se produjeron representaciones que no se ajustaban a lo que se recogía inicialmente en la actividad. Al producirse denuncias por parte de docentes presentes en el taller, intervino del servicio de Inspección que decidió que la suspensión de la actividad, que estaba prevista para otros cursos del mismo instituto y también para otros centros de la provincia. El instituto fue advertido para que regule la participación de empresas externas en actividades complementarias.

El último episodio que motivó la intervención de Inspección educativa tuvo lugar también en una escuela infantil de la provincia de Sevilla, donde la asociación Andalucía Laica presentó una queja por la realización de una procesión de Semana Santa. Tras la intervención de las autoridades se comprobó que todos los alumnos participantes asistían a clase de Religión y que la actividad tenía carácter cultural y formaba parte del currículo, por lo que el expediente fue archivado.