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El canal interno de denuncias de la Junta de Andalucía recibió 126 avisos desde su creación en junio de 2023, según los datos facilitados ... a SUR por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que gestiona esta herramienta impulsada por el Gobierno andaluz para combatir el fraude y la corrupción.
La mayor parte de las denuncias, un total de 90, son inadmitidas y solo 36 se tramitaron para investigar y esclarecer los hechos objetos de la comunicación. La mayoría de las denuncias desestimadas se producen por no ser competencia de la Junta, ser una cuestión entre particulares o suponer más una sugerencia o reclamación que una denuncia en sí. En este sentido, el canal responde explicando las razones y dirigiendo al denunciante al órgano competente.
El balance de este canal, denominado Sistema Interno de Información de la Junta, refleja que cinco casos fueron derivados a la Fiscalía o al juzgado y solo en una ocasión se procedió a aplicar medida disciplinarias y correctoras.
Los tipos de infracciones más habituales que se denuncian tienen que ver con cuestiones de contratación de empleados públicos, así como de las convocatorias que se realizan para ello.
El principal destinatario de estas denuncias es la Consejería de Salud (14), seguida de la Consejería de Fomento (8), Desarrollo Educativo (8), Inclusión (6) y Economía (8). Fuera de lo departamentos de la Junta, destacan también las denuncias dirigidas a la Oficina Andaluza Antifraude (7) y la Fiscalía (3).
La evolución del volumen de denuncias se mantiene estable, excepto el pico registrado en su arranque por la novedad del servicio, observándose una tendencia a la baja, especialmente en las denuncias inadmitidas, lo que se atribuye a una mayor información y conocimiento por parte de los denunciantes.
El acceso a esta canal garantiza la confidencialidad de las denuncias y se puede presentar a través de la dirección canaldedenuncias.junta-andalucía.es, así como de la dirección de correo canalinternoinformantes@juntadeandalucía.es, pudiéndose plantear dicha denuncia de forma anónima, aunque la mayor parte de los denunciantes se identifican al hacerlo, con un 65%.
La agilidad en el trabajo de este canal se constata en el plazo medio de resolución de denuncias, que es de 28 días, muy por debajo de los tres meses que contempla la norma como periodo máximo.
Para la mejora de este canal de denuncias, el Gobierno andaluz ha aprobado recientemente un decreto para impulsar su modelo organizativo que se sustenta en la figura de un Responsable del Sistema, que dispondrá de personas interlocutoras en cada consejería y delegación para facilitar la colaboración en las investigaciones. Igualmente, el decreto crea un órgano de asistencia técnica, de carácter colegiado y con funciones de asesoramiento, seguimiento y mejora continua del sistema.
Asimismo, el decreto viene a regular todas las fases del procedimiento; desde la recepción y admisión de las comunicaciones, pasando por la instrucción e investigación interna, hasta su conclusión mediante informe final. Además, recoge medidas de protección tanto para los informantes como para las personas afectadas, con plenas garantías legales.
El decreto apuesta también por la formación del personal público como otra de las claves de este servicio, tarea que se llevará a cabo en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP).
Por último, se establece que las entidades instrumentales de la Junta constituyan también sus propios sistemas de información, pudiendo las de menos de 50 trabajadores adherirse al sistema general mediante convenio.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, puso en valor este canal de denuncias internos y resaltó que se trata de un compromiso más del Gobierno andaluz contra la corrupción. José Antonio Nieto aseguró que «no queremos que Andalucía vuelva a ser protagonista ni portada por los casos de corrupción» como ocurrió en el pasado con los gobiernos socialistas y «con la pérdida de 1.000 millones de fondos públicos». El consejero afirmó que este nuevo canal de denuncias interno es una de las tres vías con que cuenta el Gobierno andaluz para la lucha contra el fraude, entre las que se encuentran además el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. José Antonio Nieto puso de relieve el esfuerzo del Gobierno de Juanma Moreno por poner en marcha todo el plan antifraude» frente al anterior Ejecutivo socialista que no hizo nada al respecto. El canal es gestionado a través de la Secretaría General de Administración Pública de la Consejería que dirige Nieto y cuenta a su frente a una persona física responsable de la tramitación de las denuncia que se reciben. Además, explicó que el origen de esta iniciativa parte de una directiva comunitaria y de una norma nacional, la Ley 2/2023, pero reconoció que «no puede obviarse» el trabajo previo del Ejecutivo andaluz, enmarcando este canal en la aprobación de Ley 2/2021 de lucha contra el fraude y la corrupción y la protección de las personas denunciantes, para cumplir así con ese mandato comunitario y nacional. El consejero valoró también el impulso que supone la reciente aprobación del decreto de organización y funcionamiento de este instrumento con el propósito de que sea «un canal claro, transparente, para todos los funcionarios y para que todos los ciudadanos puedan acudir para poner de manifiesto aquellas actividades no solo ilegales, sino que sean por un uso inadecuado».
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