La batalla vuelve a Doñana con el polémico deslinde del Gobierno en sus marismas
El Parlamento andaluz se suma a la Junta y a todos los actores del espacio natural en el rechazo a esta iniciativa, al considerarla perjudicial
Doñana, emblema natural de Andalucía, se ha acostumbrado a convivir con el conflicto y tras un periodo de cierta calma por el acuerdo alcanzado ... entre el Gobierno y la Junta de Andalucía para desactivar el pulso con los regantes por el agua, la guerra vuelve a desatarse ahora por un polémico deslinde de sus marismas.
El nuevo foco de tensión emergente en este Patrimonio Natural de la Humanidad, donde confluyen todas las miradas a nivel internacional, es ahora el deslinde recientemente aprobado de forma unilateral por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sin contar con la participación del resto de actores de este espacio natural, que han mostrado de forma instantánea su pleno rechazo a la iniciativa.
El objeto de la polémica es la regulación acordada por el Ministerio que dirige Sara Aagesen en la zona de marismas al determinar los bienes de dominio público marítimo-terrestre correspondiente a un tramo de unos 118.772 metros situado en los términos municipales de Hinojos y Almonte, en la provincia de Huelva, y de Aznalcázar en Sevilla, un deslinde del que discrepan de forma unánime todos los colectivos y administraciones.
El Ejecutivo asegura que no implica ningún cambio y que solo ha aplicado la normativa de costas vigente
A esta oleada de rechazo al deslinde se ha sumado esta misma semana el Parlamento andaluz, que acordó en su última sesión plenaria instar al Gobierno central a derogarlo a través de una proposición no de ley apoyada por PP-A y Vox, con la abstención de PSOE-A y Por Andalucía y el rechazo de Adelante Andalucía.
En esta iniciativa parlamentaria se demanda al Ministerio que rectifique «su política de intervención unilateral sobre Doñana, abandonando su interés de parte por invadir competencias y la ruptura del consenso, retornando al modelo de gobernanza basado en el consenso administrativo, científico, social y territorial que un espacio tan valioso requiere para su conservación», y que se atenga a los informes del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana.
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Asimismo, la Cámara autonómica pide a la Junta que prosiga con su política de conservación de Doñana desde el consenso con el resto de administraciones, agentes sociales y comunidad científica.
La Junta de Andalucía se opone frontalmente a este deslinde y recurrirá a los tribunales con la presentación de un recurso contencioso-administrativo que ya está preparando.
La Junta acudirá a los tribunales y prepara ya la presentacíon de un recurso contencioso-administrativo
Desde el Gobierno andaluz se considera que el deslinde se ha hecho en contra de «los ayuntamientos, los grupos conservacionistas y de todos los estudios científicos y con el informe desfavorable del Consejo de Participacición de Doñana.
El presidente de este órgano, Enrique Mateos, confía en que el Gobierno rectifique en una queja remitida en la que le solicita que «se apliquen los criterios correctos, ya que no está basado en el conocimiento real de la ecología y la historia de Doñana».
El Gobierno de España defiende el deslinde de estas marismas asegurando que «los criterios seguidos son los que establece la legislación de costas y que la Administración tiene obligación de aplicar en toda España, ya que sería ilegal contemplar excepciones para territorios específicos o para interesados concretos».
El Ejecutivo argumenta además que «no implica un cambio respecto a las consideraciones sobre lo que actualmente es la marisma, puesto que lo que marca la normativa de costas es que forman parte del dominio público marítimo-terrestre los terrenos naturalmente inundables».
El Gobierno rechaza las críticas de la falta de participación y arguye que todos los miembros del Consejo de Participación de Doñana «han tenido oportunidad de participar en el procedimiento de deslinde en los 24 meses que ha durado su tramitación».
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