Andalucía rechaza por «inadmisible» el reparto de menores inmigrantes

Así lo mostró la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta, Concha Cardesa, que asistió a la reunión en la que se abordó el borrador del decreto que regula el procedimiento para la reubicación de los menores migrantes procedentes de las comunidades saturadas por la llegada de estos jóvenes.

Andalucía expresa así su absoluto rechazo a esta distribución que ya tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional a igual que otra decena de comunidades autónomas, todas ellas gobernadas por el PP junto a Castilla La Mancha que está regida por los socialistas.

La secretaria general de Familias de la Junta ha tachado de «inadmisible e imprudente» que el Gobierno de España continúe con el desarrollo reglamentario de una norma ante la que casi el 65% de las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, han preparado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Según Concha Cardesa, «este intento de aprobar un nuevo real decreto que desarrolla el traslado de los menores migrantes es una muestra de la falta de lealtad y diálogo del Gobierno de Pedro Sánchez con las comunidades autónomas». En este sentido, la responsable autonómica de familias lamentó que el presidente del Gobierno «siga utilizando a los menores migrantes como moneda de cambio para mantenerse en el poder».

El decreto abordado contempla la regulación de las medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, que fue aprobado el pasado 18 de marzo por el Consejo de Ministros, con el objetivo de reformar la Ley de Extranjería para crear el mecanismo obligatorio de acogida de menores migrantes.

En el caso de Andalucía, el Consejo de Gobierno acordó el pasado 11 de junio autorizar al Gabinete Jurídico para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley al considerar que afecta a derechos fundamentales de los menores y vulnera los principios constitucionales de autonomía, solidaridad y suficiencia financiera».

Asimismo, la Junta insistió en reclamar que el Ejecutivo central reconozca a Andalucía como Frontera Sur, una reconocimiento que «niega a Andalucía mientras se otorga a comunidades del norte de España, lo que supone una tomadura de pelo para el territorio andaluz», según la responsable andaluza de familias.

Las comunidades que están en la misma posición de rechazo de este reparto de menores inmigrantes son Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares Madrid y Murcia.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, prevé que los traslados de menores migrantes no acompañados comiencen en el mes de agosto, teniendo en cuenta la propia cadencia del procedimiento administrativo. La ministra denunció el «bloqueo» por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular a esta iniciativa, que contempla además la concesión de 22 millones las comunidades y ciudades autónomas con sobreocupación actual como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.