Andalucía exigirá estar vacunado o presentar un test para acceder a los locales de ocio nocturno

Esta es la principal medida que ha aprobado el comité de expertos de la Junta de Andalucía, reunido de manera extraordinaria en Málaga y que también ha acordado prorrogar el resto de restricciones e incluir alguna más en lo referente a las residencias de mayores.

Sin embargo, la medida más llamativa es la exigencia del certificado, una propuesta que en otros lugares no ha sido autorizada por la justicia. Este documento, en vigor desde el pasado 1 de julio en todo el territorio nacional, recoge la pauta de vacunación, el certificado de recuperación o una PDIA negativa en las últimas 72 horas. En el caso de Andalucía, se puede descargar a través de ClicSalud+, de la app Salud Andalucía o en los propios centros de salud.

La intención de la Consejería de Salud es que la exigencia del certificado entre en vigor en la noche del miércoles al jueves, pero no está clara del todo la legalidad de dicha medida. Sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió cautelarmente el jueves pasado la medida impuesta por el Ejecutivo insular de reclamar el pasaporte europeo de inmunización o alguna prueba diagnóstica para acceder a bares, restaurantes y otros espacios públicos cerrados como gimnasios.

La Sala del TSJC basaba su decisión en la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional así como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideran que los «datos relativos a la salud están comprendidos dentro del derecho a la intimidad».

Por ahora, la exigencia del certificado para entrar en los bares, además de en Canarias, solo está vigente en Galicia y quizás también pronto en Cantabria, donde el Gobierno regional ya ha pedido informes para implementarlo. Otras comunidades, como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana ya se han posicionado en contra de usar el certificado por el momento, por entender que antes hay que despejar las dudas legales sobre una utilización así del pasaporte.

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Más allá de esta cuestión, el comité de expertos propone medidas encaminadas a controlar la transmisión de contagios en el ámbito de residencias de mayores. Se ha acordado realizar pruebas diagnósticas semanalmente en aquellos trabajadores sociosanitarios y sanitarios que no estén vacunados frente a la Covid y, en los centros donde se registre al menos un caso confirmado, se establecerá de forma obligatoria el uso de la mascarilla en los usuarios, ya que actualmente es obligatoria en los trabajadores.

Además, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha anunciado la prórroga de las medidas vigentes desde el pasado 22 de julio y que estaban relacionadas con la modificación de aforos y toque de queda. «La tendencia ascendente de la pandemia durante las últimas semanas sitúa a Andalucía en un nivel de riesgo medio aunque con ciertos signos de estabilización», apuntó el consejero, que si bien recordó que la incidencia en la población joven sigue siendo «muy elevada» debido a la penetración de la variante Delta siendo el triple de la media andaluza en el tramo de 20 a 29 años.