Andalucía acomete la mayor ampliación de su infraestructura judicial con una inversión de 1.500 millones en siete años

La Junta de Andalucía impulsa un plan que pretende llegar al año 2030 con la dotación completa, lo que incluye una ciudad de la justicia en cada una de las ocho capitales, grandes complejos judiciales en las ciudades de más de 100.000 habitantes y sedes rehabilitadas en las capitales de comarca.

El proyecto, denominado Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, fue presentado este miércoles en Sevilla en un acto institucional al que acudieron decenas de alcaldes de toda la comunidad, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago.

El plan, según explicó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pretende que Andalucía alcance un modelo propio en el servicio público de justicia, y además de la inversión de la Administración autonómica cuenta con la colaboración de ayuntamientos y diputaciones y podrá disponer de financiación europea para alcanzar en conjunto la movilización de los 1.500 millones de euros que requerirá su desarrollo.

Una de los puntos más relevantes será que las ocho capitales de provincia contarán con una ciudad de la justicia, infraestructura que actualmente sólo existe en Málaga, Córdoba y Almería. Esta parte del plan ya se ha activado. La ciudad de la justicia de Sevilla funcionará en el edificio de Palma Alta, antigua sede de Abengoa, que ya ha sido comprado por la Junta. En Huelva se concretará en los próximos días la cesión de suelo por parte del Ayuntamiento; en Granada, donde se ha adquirido el emblemático edificio de El Cubo, y en Cádiz se trabaja en el proyecto y en Jaén se está pendiente del estudio de viabilidad. Además, el plan de infraestructuras incluye la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga, la más antigua de las tres ya existentes.

Otro de los puntos previstos es la construcción de grandes sedes judiciales en las ciudades de más de 100.000 habitantes que no son capitales de provincia -Marbella, Jerez, Dos Hermanas, Roquetas de Mar y Algeciras- así como la rehabilitación a fondo de las sedes judiciales de las cabeceras de comarca y mejoras en el resto.

El presidente adelantó que se realizarán actuaciones en los 85 partidos judiciales de Andalucía, lo que incluirá la construcción de 42 edificios nuevos y la rehabilitación de otros 18. En total, la superficie de la planta judicial de la comunidad autónoma se incrementará en un 90 por ciento, lo que supone prácticamente doblar el espacio disponible.

Uno de los objetivos del plan es reducir una doble hemorragia de recursos públicos: la que se produce por la inversión en obras de emergencia y parcheo de las sedes ya existentes y también la que se destina al pago de alquiler de inmuebles. Los edificios en este régimen se reducirán de los 66 existentes en la actualidad a seis. Todo ello, según, el presidente de la Junta, permitirá reorientar los recursos disponibles.

En el acto, Moreno no eludió referirse a la actualidad política y en una alusión implícita a la próxima aprobación de la ley de amnistía dijo que la justicia, además de inversiones merece respeto para garantizar un normal desarrollo democrático. Recordó también que en Andalucía hay 10.000 profesionales que ejercen su labor en las sedes judiciales, que necesitan hacerlo en condiciones óptimas, y que cada año los juzgados andaluces tramitan cerca de 1,2 millones de asuntos.

Para el presidente de la Junta, es necesario mejorar la justicia gratuita y también que el sistema judicial en Andalucía proyecte eficacia y seguridad jurídica ya que ello, destacó, también contribuye al desarrollo de la comunidad y a la atracción de inversiones.

Moreno subrayó el compromiso de su Gobierno con la justicia y aseguró que cuando llegó a la presidencia de la Junta se encontró una administración de justicia «sin rumbo ni modelo y que eternizaba los procedimientos de los ciudadanos». Dijo que por ello hubo que poner en marcha planes de choque mientras se elaboraba este plan, que es fruto, aseguró, de un diálogo «hasta la extenuación» con los sectores implicados.