El fiscal solicita para Griñán seis años de cárcel por el 'caso ERE'

Para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, reclama diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, lo mismo que para los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, ésta además exministra de Fomento y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El fiscal también pide cárcel para otros 17 excargos además de Griñán por los mismos delitos de malversación y prevaricación, entre ellos cuatro exconsejeros de la Junta: ocho años para los extitulares de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el de Innovación Francisco Vallejo, y seis años para la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; A todos ellos, además, 30 años de inhabilitación.

El escrito de la Fiscalía es el primero en llegar al juez por parte de las acusaciones. Faltan los del Partido Popular, la Junta de Andalucía y Manos Limpias. El juez amplió precisamente esta semana el plazo de presentación al 15 de octubre. Una vez recibidos los escritos, el juez podrá instar a la apertura de juicio oral, que podría celebrarse en 2017. Si bien antes la Audiencia Provincial de Sevilla deberá pronunciarse sobre los recursos de los encausados contra el procesamiento.

En su relato de los hechos el fiscal suscribe la tesis del juez Martín y de su antecesora en la instrucción, Mercedes Alaya, de que los encausados fueron «conscientes» del diseño y utilización de un procedimiento administrativo ilegal introducido en las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía para otorgar y pagar ayudas sociolaborales sin controles previos de la intervención y de esta forma agilizar unas subvenciones destinadas a mitigar la conflictividad laboral.

Responder con dinero

Unas ayudas otorgadas, según juez y fiscal, de forma discrecional y ajenas «a la convocatoria pública debida». En definitiva, «se puso en manos de la Consejería de Empleo, año a año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno, vedando a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso a las mismas por falta de publicidad, facilitando que personas que ni siquiera pertenecían a la empresas accedieran a las ayudas, no fijando límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender situaciones de crisis empresarial», dice la Fiscalía.

Estas ayudas para prejubilaciones de trabajadores de empresas en crisis o ayudas directas a las mismas supusieron 855 millones de euros entre 2000 y 2012 según Alaya, pero el fiscal reduce los años a 2010 y por tanto deja la cantidad gestionada de forma irregular en 741.616.545 euros. La cantidad es tenida en cuenta por el fiscal para pedir en el escrito que los procesados por malversación devuelvan este dinero a la hacienda pública de forma solidaria salvo que la Junta lo recupere. En el caso de Griñán le hace responsable junto con otros del crédito de casi 484 millones de euros entre los años 2005 y 2009.

El fiscal solicita penas de ocho años de cárcel y treinta años de inhabilitación para el primer director general de Trabajo del que dependía el reparto discrecional de las ayudas, Francisco Javier Guerrero, cuya declaración ante la policía en diciembre de 2010 dio la primera pista a la jueza Alaya sobre irregularidades en los expedientes de regulación de empleo(cuyas siglas son ERE, de ahí el nombre del caso) por la aparición de intrusos, personas ajenas a las empresas que cobraron prejubilaciones. Guerrero calificó de «fondo de reptiles» la partida presupuestaria consignada en la Consejería de Empleo destinada a estos fines, la famosa 31L. El dinero pasaba de esta a la agencia IFA, (luego IDEA), dependiente de Empleo y después de Innovación, a través de la figura presupuestaria transferencias de financiación, para luego llegar a las empresas como subvenciones o a las aseguradoras que tramitaban las prejubilaciones.

El fiscal también reclama penas de seis años de cárcel y treinta de inhabilitación para el interventor general Manuel Gómez, quién alertó hasta 15 veces del procedimiento irregular a las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda, sobre todo por las modificaciones presupuestarias para engordar la partida de las ayudas, pero sin llevar a cabo ningún informe de actuación.

El ministerio público sostiene la teoría de la confabulación acuñada por Alaya y en el escrito reprocha a la cúpula de la Junta de la pasada década, Chaves y consejeros de Empleo y Hacienda, mencionando a Griñán, que no pusieran «freno» al citado sistema de las ayudas pese a las alertas.

Diferencias con el Supremo

El conocimiento de los avisos de la intervención, así como la implicación directa en las modificaciones presupuestarias son los indicios atribuidos por juez y fiscal para acusar de malversación a 18 cargos incluido Griñán. Una acusación que ya sorprendió en su momento cuando el juez Martín procesó a los políticos y técnicos de la Junta en junio, ya que su auto difería del que un año antes realizara en el Tribunal Supremo el instructor designado entonces, Alberto Jorge Barreiro. Este solo acusó a Griñán de prevaricación y explicó en su auto que no constaban datos incidiarios incriminatorios de malversación contra Griñán «pues no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas con destino al lucro ilícito de terceras personas».

Tanto Griñán como Chaves argumentaron en sus recursos que nunca participaron en el diseño de ningún procedimiento ilegal y que no tuvieron conocimiento de las alertas de irregularidades del mismo.

Además de los mencionados, el fiscal pide ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación para los siguientes excargos: Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez, Juan Márquez Contreras, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jacinto Cañete Rolloso. Solicita seis años de prisión para Justo Mañas Alcón, Daniel Alberto Rivera Gómez y Antonio Valverde Ramos.

También reclama inhabilitación de diez años para: José Salgueiro Carmona, Antonio Vicente Lozano Peña, el exjefe de los servicios jurídicos de la Junta Francisco del Río Muñoz, Gonzalo Suárez Martín y Antonio Estepa Giménez.