Susana Díaz anuncia la recuperación de tres millones, pero niega fraude en la formación

A lo largo de tres meses hasta 34 cargos políticos de empleo y altos funcionarios, entre ellos los interventores de la Junta, han admitido «disfunciones» e incluso caos por falta de «personal» en el seguimiento y supervisión de las ayudas concedidas, pero todos admitieron que no puede asegurarse que haya menoscabo de fondos públicos, ya que la mayoría de irregularidades detectadas han ocurrido en el tiempo de las exceptuaciones masivas desde 2007 a 2011, último año de ayudas convocadas, es decir, en tiempo suficiente para reclamar la devolución del dinero. A las declaraciones de los interventores se agarró ayer Susana Díaz para aseverar que su conclusión es que no ha habido «fraude». «Al no haber menoscabo de fondos públicos, no ha habido fraude. Si los tribunales determinan otra cosa, cambiaré de criterio», dijo.

Díaz se mostró con carácter y dispuesta a responder todas las preguntas de los diputados, incluso antes de que estos las plantearan, como ironizó al comienzo José Antonio Castro (IU). «Me ha contestado preguntas que no he hecho», le dijo. Y es que la presidenta parecía tener prisa por asentar sus conclusiones desde el minuto uno de sus más de dos horas y media de comparecencia. Lo primero que quiso dejar claro es que acudía a la comisión pese a que ella no era presidenta cuando los años investigados; También criticó la «fuga» de Báñez cuando debió haber explicado por qué no paralizó los cursos de formación cuando admitió al presentar su ley de 2015, cambiando la normativa, las deficiencias detectadas en todo el Estado español. Este reconocimiento de Báñez, también mencionado por Griñán el día antes, sirvió a Díaz para lamentar que solo en Andalucía la investigación policial busque culpables en la administración cuando las mismas «disfunciones» se detectan en otras comunidades. Esto le llevó a decir que la comisión andaluza, que calificó de «inaudita», servirá de «ejemplo» sobre todo a las comunidades del PP en las que este partido ha rechazado investigar lo mismo que aquí sí ha exigido.

Otra premisa insistente fue la de asegurar que ella no paralizó los cursos de formación cuando accedió a la Presidencia en 2013, sino que mantuvo su paralización ante las investigaciones judiciales y con el objetivo de poner orden y para «evitar que hubiera fugas».

En este contexto se reservó una novedad que en realidad debió haber explicado el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, en su comparecencia horas antes, pero que este dijo desconocer para dejarle la primicia a la presidenta. Esta desveló que la Junta ha recuperado hasta marzo tres millones de euros de los 90 millones de reintegro que reclama a entidades concesionarias por irregularidades, un millón de ellos por la vía voluntaria. «Aquí ha habido revisión, no significa fraude, sino gastos mal computados», precisó. Con la recuperación de dinero Díaz quiere demostrar la efectividad de su plan de choque nada más llegar a la Presidencia para revisar todos los expedientes de la formación antes de que estos prescribieran.

Este mensaje y sus novedosos datos quedó sepultado por una bronca monumental con la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero a raíz de las preguntas de esta sobre el trabajo del marido de la presidenta, José María Moriche, en cursos de formación para el empleo con la fundación IFES de la UGT. Con esta estrategia el PP descubrió sus cartas en esta comisión de considerar a Díaz la principal responsable política de irregularidades en la formación.

La presidenta venía preparada y desde el principio acusó al PP de haber orquestado una «teoría rocambolesca de gran conspiración» contra su gobierno para diseñar un método que permitiese el fraude, que, en su opinión, ha quedado acreditada como «imposible» y además igual al resto de España.