La prescripción de delitos provoca los primeros archivos en el caso de los ERE

Fuentes judiciales han confirmado que la juez instructora de estas piezas del caso ERE, María Núñez Bolaños, está confeccionando el auto de sobreseimiento, y en el que estimará la petición que ya realizó la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015. El ministerio público reclamaba a la entonces instructora Mercedes Alaya el archivo de la causa por la prescripción de los delitos, en una de las numerosas veces que alertó de este riesgo dado que la compleja investigación estaba centrándose en determinadas líneas de investigación y dejando en stand-bye otras. E incluso apuntaba que uno de los implicados ya había fallecido. La juez pidió a las partes que se pronunciaran al respecto sobre la posible prescripción pero nunca se pronunció resolviendo el asunto.

De esta manera, ha sido ahora su sustituta la que ha puesto fin a esta parte de la causa, justo unos días después de que la propia Audiencia de Sevilla resolviera un recurso de dos de esos empresarios y decidiera levantar la imputación que pesaba sobre ellos tras el largo tiempo de instrucción transcurrido sin que siquiera hubieran prestado declaración. En ese auto se apuntaba que los delitos por las ayudas recibidas de forma ilegal de menos de 450.000 euros quedarían impunes si hubieran sido notificados diez años después de los cobros. No obstante, según fuentes citadas por la agencia EFE, Núñez Bolaños tiene intención de dejar abierta en su auto la posibilidad de que se les reclame a los empresarios la devolución de las ayudas, aunque por la vía civil.

Tras la noticia de los primeros archivos de una causa que se inició a comienzos de 2011 y que suma ya 270 investigados, las reacciones no se han hecho esperar. La presidenta de la Junta Susana Díaz ha considerado que el archivo por prescripción "no es una buena noticia", y ha recordado que el ejecutivo autonómico siempre ha pedido "celeridad" en la causa. "Para que sea justa la justicia debe ser rápida", ha dicho desde Almería, recordando que en una docena de escritos la Junta de Andalucía ya planteó al juzgado el riesgo de que los delitos prescribiesen. En la misma línea, el secretario de Organización del PSOE-A Juan Cornejo ha considerado que la administración regional "siempre ha colaborado" con la justicia, por lo que no se le puede achacar la responsabilidad de ese archivo.

Por otra parte, el PP ha solicitado que se aplace la declaración de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el marco de la pieza separada que investiga la implantación de un procedimiento específico para el pago de estas ayudas. Ambos letrados han explicado que el día previsto, el miércoles, tienen pendiente una comparecencia como testigos en otro proceso, por lo que no podrán acudir. El juez Álvaro Martín ha rechazado dicha petición y mantiene las comparecencias de ambos exresponsables de la Junta de Andalucía para el 16 de marzo.