La jueza exculpa a la Junta de prevaricar en la concesión de Aznalcóllar

La directora general de Minas, María José Asencio, y otros seis altos funcionarios habían sido imputados en el concurso. Se prevé que Asencio, que fue cesada de manera provisional hasta que se resolviera el asunto, sea repuesta en su cargo en el Consejo de Gobierno de hoy martes.

Mientras, el abogado de Emerita, Ramón Escudero, ha anunciado que apelará la sentencia y continuará defendiendo sus reclamaciones por la vía administrativa. NO se prevé que estas acciones vuelvan a paralizar el proceso.

El auto, de fecha 6 de noviembre y conocido ayer, explica que en la concesión de la mina, realizada el 20 de febrero de 2015 por parte de la Junta de Andalucía, no existen indicios de que haya existido un acuerdo entre los imputados para, errando a propósito en sus dictámenes, favorecer a la empresa Minorbis, «teniendo en cuenta además que con carácter previo había sido una normativa específica aprobada ad hoc la que regía». La empresa, formada por Grupo México y Magtel, declinó ayer valorar la resolución.

Según se señala en el auto, «no puede convertirse a la instrucción penal en instancia encargada de la baremación de las diversas soluciones propuestas si no existen indicios suficientes más allá de meras sospechas o conjeturas de la existencia de desviación de poder al ejercer las potestades de selección de las ofertas presentadas». Procede por ello que sea lo contencioso-adminstrativo quien resuelva los asuntos objeto de disputa. La juez recuerda no obstante que la administración competente debe cumplir con rigor el control del uso racional de las adjudicaciones.

El caso, que partió de un escandaloso auto basado en un informe de la UDEF, en el que se decía que el concurso «carecía del más mínimo rigor» y que la compañía ganadora no debía ni haber rebasado la primera fase del proceso de adjudicación, fue perdiendo fuelle y quedó en una presunta prevaricación administrativa, que ahora ha sido archivada.

Ahora la Junta se propone poner en marcha «de inmediato» la mina, que tiene una inversión prevista de 300 millones y prevé la creación de 1.200 puestos de trabajo, después de que el pasado viernes ya decidiera reanudar el proceso de adjudicación, paralizado por orden de Susana Díaz cuando estalló el caso.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, hizo hincapié en que el auto «sirve para renovar la confianza en la Junta», restablecer la credibilidad de los procedimientos de contratación y para «reforzar» la seguridad jurídica, la «transparencia, la claridad y el respeto escrupuloso a la legalidad» por lo que esta sentencia va a atraer inversores a Andalucía, porque «no hay otra tierra con tanta seguridad jurídica».

Sánchez Maldonado mostró su alegría por que el proyecto siga adelante y lleve «empleo, riqueza y bienestar» a una comarca azotada por el paro, mostró su confianza en la Justicia e insistió en que ha sido un proceso «inmaculado» en todas sus fases, como ahora reconoce la sentencia que también refuerza un sector que es un «revulsivo económico» para Andalucía.