La Audiencia de Sevilla rechaza el recurso de Medel y lo mantiene en el 'caso de los ERE'

La entonces instructora del caso ERE acusaba a Medel de conocer el procedimiento ilegal por el que la Junta concedía las ayudas sociolaborales a empresas en crisis como vocal del consejo rector de la agencia pública IFA, luego IDEA, a través de la cual se pagaron las subvenciones. Alaya acusó de lo mismo a casi todos los directivos y miembros de los consejos rectores del IFA desde 2001 a 2012. El auto de la Audiencia también resuelve a favor de la imputación de otros seis consejeros y directivos de IDEA, entre ellos del director general del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), Felipe Romera.

La defensa de Medel recurrió la implicación por entender que «no hay ni siquiera méritos para oírlo como imputado», aunque acudió a la citación de Alaya en junio de 2014 pero acogiéndose a su derecho a no declarar. En el recurso sostuvo que en el tiempo que fue miembro del consejo rector (desde 2001 a 2008) solo asistió a dos reuniones, a los que era invitado como persona representativa del sector bancario y por las que no cobraba. También alegó creer estar aprobando «actos administrativos» respaldados por la ley de presupuestos sancionada por el Parlamento.

En su respuesta, la Audiencia considera que hay «indicios suficientes» para la citación como imputado de Medel, pero advierte de que no es «una imputación formal, sino el acuerdo de citación para ser oídos los apelantes como imputados al efecto de aclarar su participación en los hechos». Ante esta puntualización, fuentes de Unicaja consideran que la situación procesal de Medel «no ha variado» y no hay una acusación definitiva.

Los magistrados de la Audiencia de Sevilla suscriben el criterio de Alaya y consideran que los miembros de los consejos rectores de IFA/IDEA aprobaban convenios de ayudas sociolaborales a empresas que «burlaban la ley mediante el uso perverso de las transferencias de financiación». Para ello se basan en la censura que hace la Intervención General de la Administración del Estado sobre el citado procedimiento administrativo, creado para financiar pérdidas de la agencia y no para el pago de ayudas obviando controles previos y la ley de subvenciones.

«La defraudación que se llevaba a cabo por parte de los recurrentes, dado que se trata de altos cargos de la Administración andaluza, a excepción de Braulio Medel, que fue viceconsejero de Economía y Hacienda desde julio de 1986 a 1991, al aprobar esos convenios de ayudas sociolaborales para empresas, que burlaban la ley mediante el uso perverso de las transferencias de financiación a efectos de justificar su imputación, es evidente por las razones expuestas», dice el fallo de la Audiencia. El texto mantiene incluso el error que cometió en su día Alaya al situar a Medel como viceconsejero hasta 1991, cuando cesó en su puesto en 1987.

Alaya (ayer definitivamente apartada del caso ERE por el Consejo del Poder Judicial) dictó una fianza de responsabilidad civil de 482.790 euros para Medel en septiembre de 2014 y llamó la atención sobre el hecho de que se mantuviera en el cargo de vocal del consejo «durante tanto tiempo» aunque faltara a las sesiones. En octubre de 2014 dictó un embargo, pero el pasado abril modificó a la baja la fianza a 465.333 euros.

En el caso de Felipe Romera fue al contrario. Acordó subir la fianza de los 212.800 euros iniciales a 213.333,34 euros. El director general del PTA informó ayer que solicitará declarar ante la nueva instructora de los ERE, María Núñez. También dijo poner su cargo a disposición del Gobierno andaluz.

La Audiencia confirma en el mismo auto la imputación de los exdirectivos y exvocales de IDEA Jesús Nieto, Isabel de Haro Aramberri, Pilar Rodríguez, Francisco Mencía Morales, Miguel Ángel Serrano Aguilar y de Joaquín Moya-Angeler.