Archivada la denuncia contra dirigentes de la CEA por la promoción de VPO

La magistrada considera que no está acreditado que los impagos a las empresas que subcontrataron hayan sido fruto de un concierto previo para engañar, defraudar y dejar en bancarrota a estas subcontratistas, que prestaron sus servicios en la promoción de viviendas de protección oficial Isbiliya, en Sevilla Este. Por el caso fueron llamados a declarar entre otros el expresidente de la CEA, Santiago Herrero, el actual secretario general de la Confederación, Antonio Carrillo, pues ambos eran patronos de la fundación que promovía las viviendas, así como el exdirigente patronal Juan Salas Tornero y los máximos responsables de la empresa Dolmen Consulting, que actuó como promotora, Juan Manuel Sanz y Antonio González. La otra promotora fue la empresa Nazarí y ambas han anunciado que interpondrán recurso contra el auto de archivo.

En éste, la juez señala que estos empresarios y dirigentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía pudieron tomar decisiones erróneas o al menos cuestionables y mala gestión, para las que se pueden pedir responsabilidades por vía civil o por procedimiento concursal-, pero que después de las diligencias realizadas para aclarar los hechos no se ha podido comprobar que los acusados sean autores de un delito penal como es la estafa.

583 viviendas

La juez considera que lo ocurrido en esa promoción, de 583 viviendas, fue «uno más de esos negocios inmobiliarios en los que la ausencia de previsión y los desaciertos de los gestores empresariales se conjugan con los recortes del crédito vinculados al inicio de la crisis económica y bancaria y que afecta, en especial, a la hoy desaparecida Caja Madrid». Una parte de la promoción está concluida y entregada y las otras dos se encuentran al 90%de los trabajos, indica la magistrada.

Aunque indica que la presencia como promotora de la CEA no «deja de admitir» que funcionaba como «garantía de cumplimiento, pero de ahí a la estafa se echa de menos el engaño en cuanto maniobra torticera y falaz». Asimismo, el auto afirma que «no se aprecia la existencia de material incriminatorio que acredite que los denunciados, a la hora de realizar los encargos a los denunciantes, eran conocedores de que, llegado el vencimiento de los pagos, no iban a poder hacer frente a los mismos».

Para la jueza Navarro, «en estas circunstancias concretas se da un lamentable concierto de voluntades que, en la órbita civil, tuvo un final económicamente frustrante y de evidentes perjuicios para los empresarios con los que se contrató». Aunque rechaza que exista delito de estafa, señala que las reclamaciones deberán «ventilarse en la vía civil y mercantil».