Cuatro lenguas y siete intérpretes salen a 6.500 euros por sesión

Sin embargo, la traducción simultánea al castellano que los parlamentarios y periodistas pudieron seguir ayer por sus auriculares y las pantallas de televisión interior adquirió tintes de morbo. Se vivió como una especie de ensayo general de lo que dentro de algunos meses se avecina en el pleno de la Cámara, cuando un nuevo cambio de reglamento autorice a defender allí determinadas iniciativas con traducción simultánea. En este caso no se espera unanimidad, ya que el PP se opone a la extensión del uso de las lenguas autonómicas a otros órganos de la Cámara. La medida, impulsada por los senadores catalanes y apoyada por los otros grupos nacionalistas, saldrá adelante sólo si se aceptan las condiciones del PSOE, que entre otras excluirá las sesiones de control e interpelaciones a miembros del Gobierno y pondrá como condición que los promotores no intentarán extender la medida al Congreso.

Guiño imprevisto

Quien ayer dio más trabajo a los traductores fue el presidente José Montilla, no sólo porque fue quien más minutos habló sino también porque en algunos pasajes llegó a utilizar hasta las cuatro lenguas, como gesto en defensa de la riqueza cultural de la pluralidad lingüística. Su guiño, no previsto por el equipo de intérpretes, pilló a los traductores despistados y hubo algunos titubeos iniciales y entradas de traducción a destiempo.

El uso del derecho, no obstante, fue general. Consejeros vascos y gallegos, el presidente de Baleares, Francesc Antich, y los portavoces de los grupos catalanes, vascos y gallegos hicieron uso de sus idiomas con normalidad durante el debate. El caso más curioso fue el de la consejera de Presidencia vasca, Idoia Mendia, que del euskera pasó al castellano cuando reivindicó la necesidad del traspaso inmediato de las competencias de las políticas activas de empleo, quizá en el deseo de que el vicepresidente Manuel Chaves la entendiese sin intermediarios y con claridad.

El equipo de traductores forma parte de una bolsa de trabajo del Senado, compuesta de unos 15 profesionales, seleccionados en 2005 tras varias pruebas y exámenes.