Mijas agilizará el cobro de las multas de tráfico al transferir su gestión a la Diputación

Este descenso en los gastos municipales se deberá al ahorro de personal que tendrá en la administración local ya que, según lo destacado desde el departamento de Hacienda «la infraestructura del Patronato Provincial facilitará enormemente la localización de los infractores y el cobro de las sanciones cuando residen en otras regiones, localidades, e incluso en otros países».

Más efectivos

Otra de las ventajas que valoró el Consistorio para transferir dicho servicio tiene que ver con que «una vez en marcha, se podrá reorganizar los medios humanos con los que actualmente cuenta la Policía Local y dedicar a otras tareas al personal administrativo y los agentes que venían encargándose de la gestión de multas». En este sentido, Fernández especificó que se trataría de un total de tres agentes los que se distribuirían en el resto de departamentos y turnos policiales, «aumentando con ello la eficacia de la labor policial que se realiza en el municipio» apostilló el edil y portavoz socialista.

Para el PP, partido en la oposición, las ventajas de esta cesión del servicio no son tantas. Y es que, la agrupación entiende que un Ayuntamiento como el de Mijas «que cuenta con un departamento de recaudación con 42 empleados debiera ser lo suficientemente autónomo para gestionar este tipo de cobros».

Por otro lado, los populares aseguraron ya en el primer pleno que se debatió la propuesta, celebrado a finales de 2008, que desconocen «los criterios de rentabilidad en los que se ha basado el Consistorio para poner en marcha esta iniciativa».

El trasvase del servicio en Mijas irá acompañado de una nueva ordenanza municipal de Tráfico, que en el pleno de la semana pasada superó uno de sus últimos trámites: la rectificación de uno de sus artículos por un error de transcripción. El cambio se realizó «a instancias de la propia Diputación», apuntaron desde el PP en la sesión. Y es que, el documento destacaba que el 10% del cobro del recargo sería para la administración provincial cuando en realidad se trata del 100% de la cantidad recargada, en caso de que sea necesario su cobro. Tras la pertinente exposición pública, próximo trámite y necesario por si hubiesen nuevas alegaciones a la norma, el documento entrará en vigor en la localidad.