El Gobierno se enreda con la ley Sinde

Las redes sociales prendieron ante el anuncio. Miles de usuarios comenzaron a mostrar su enfado ante este anunció y mostraron una disconforidad. Pero lo que el ministro no se esperaba era la enconada oposición de algunos miembros del Gobierno, que esgrimieron razones de toda índole para paralizar el texto. Los más pragmáticos argumentaron el motivo político.

Ante la titular de Cultura en funciones, Ángeles González-Sinde, algunos miembros del Ejecutivo defendieron la inoportunidad del momento y mostraron su deseo de que fuera el Gobierno popular quien desarrollase el Real Decreto. También voces del Partido Socialista se habían mostrado en contra.

"No puedo compartir que Cultura proponga que se apruebe hoy el reglamento de la 'ley Sinde', espero que el Consejo de Ministros lo pare", 'tuiteaba' María González Veracruz, secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías.

Un segundo argumento fue el jurídico, ya que el informe no vinculante del Consejo del Poder Judicial puso muchas objeciones al texto. Ante esta división, se aparcó el tema. "El reglamento ha sido objeto de reflexión por parte del Consejo de Ministros, pero ha quedado sobre la mesa. Y sobre las deliberaciones del consejo no voy a informar", aseguraba José Blanco en rueda de prensa. El ministro portavoz en funciones se negó en redondo a dar más explicaciones sobre esta decisión. Tampoco quiso confirmar si el 16 de diciembre, cuando se celebre la última reunión del Gobierno socialista, se aprobará el polémico texto. Y es que la ley Sinde se ha convertido en un problema para el Ejecutivo socialista. Casi desde que comenzó a andar hace ya dos años. Cada vez que se habla de la disposición transitoria segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES), la red arde en contra.

El objetivo era parar las descargas ilegales y proteger la propiedad intelectual. España está incluido en la lista 301 que elabora Estados Unidos sobre los países más piratas del mundo. Los datos además son escandalosos: de cada cien canciones que se descargan, solo dos se hacen de forma legal. La propuesta salió adelante gracias a los apoyos de PSOE, PP y CiU, aunque no gustaba a casi nadie. Fuentes de la Coalición de Creadores, el 'lobby' que aglutina a sociedades de gestores de derechos de autor y la industria de la cultura, aseguraban que la norma era "blanda" y que no era contundente con las webs que permitían las descargas o los enlaces. Por su parte, los internautas pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad de que se corte la conexión. Y a las empresas de telecomunicaciones tampoco les hacía mucha gracia la ley Sinde por temor a una desbandada generalizada de sus clientes de ADSL, una de sus grandes bazas de negocio.

Nueva comisión

El reglamento plantea la creación de una comisión de Propiedad Intelectual, que tendrá dos velocidades. En la rápida, los titulares de los derechos de autor o las entidades que los representan podrán dirigirse a este organismo para instar a una web a que retire de forma voluntaria los contenidos o la presentación de alegaciones en 48 horas. Si se cumple este plazo sin que el dueño de esa página haga caso, este nuevo organismo pedirá que ambas partes presenten conclusiones en cinco días. Cuando se acabe este plazo, dicha comisión tendrá otros tres días como para dictar resolución. En el caso de que resuelva que se ha producido una vulneración de los derechos de propiedad intelectual, la sección segunda ordenará, previa autorización judicial, la retirada de los contenidos en un plazo de 24 horas desde su notificación. Si no, se aplicarán "medidas de ejecución forzosa".

Además de esta vía, una sección primera se encargaría de la mediación y el arbitraje, con el objetivo de lograr una resolución pactada y extrajuicial. En el caso de que hay que realizar una mediación, el texto determina como máximo nueve meses para que se resuelva el conflicto, mientras que el laudo arbitral, que tendrá "carácter vinculante, ejecutable e impugnable", deberá dictarse en el plazo máximo de tres meses desde que las partes formulen sus posiciones definitivas. Por otra parte, el reglamento incluía la potestad de un organismo judicial competente, en este caso la Audiencia Nacional, para que pueda cortar el acceso a una página web de descargas ilegales alojada en el extranjero. El juez solicitaría a las empresas de telecomunicaciones que interrumpa la conexión, como solicitaban las entidades de gestión de derechos de autor. En un mundo sin fronteras como es la Red, muchas de las páginas que operan en España tienen sus servidores alojados fuera del país, siempre previa autorización de un magistrado de la Audiencia Nacional.