La operación Púnica: ¿Quién es quién?

El juez Eloy Velasco explica en sus autos el quién es quién en esta red que supuestamente lideraba el exdirigente popular Francisco Granados. Estos son algunos de los acusados en la trama.

Francisco Granados: dejó la política hace ocho meses, cuando salió a la luz una presunta cuenta en Suiza que podría ascender a 1,5 millones de euros. En aquellos momentos, Granados era diputado en la Asamblea de Madrid y senador. Pero el exsecretario general del PP también fue consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre y alcalde de Valdemoro. De hecho, estuvo durante un tiempo conservando la presidencia del PP de Valdemoro, que finalmente abandonó. Tras su salida de la política, se fue a trabajar a un banco de inversión francés.

Granados ostentó tres consejerías en los Gobiernos de la expresidenta regional y presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, con la que en los últimos dos años ha discrepado en muchas cosas, según ha reconocido él mismo. Fuentes del PP de Madrid han destacado que Granados dejó la presidencia del Partido Popular de Valdemoro "muy poco tiempo después" de dimitir como diputado regional y como senador. Lo hizo "por iniciativa propia", han remarcado las mismas fuentes.

Marcos Martínez: es presidente de la Diputación de León y alcalde de la localidad leonesa de Cuadros por el Partido Popular. Marcos Martínez ocupa en sillón de mando en la Diputación de León desde el pasado 30 de mayo en sustitución de Isabel Carrasco, la dirigente 'popular' que fue asesinada el día 12 del mismo mes. Martín Marcos Martínez nació en Sariegos (León) en 1957, es ingeniero técnico agrícola y funcionario de Justicia. Desde 1991 ocupa la alcaldía del municipio de Cuadros, del que fue concejal Isabel Carrasco. En 2007 fue nombrado diputado provincial y en la actualidad ostenta la vicepresidencia primera y es delegado para las áreas de Educación y Apoyo a la Emigración.

Gonzalo Cubas Navarro: Alcalde de Torrejón de Velasco (PP) y cuñado de David Marjaliza, socio del exconsejero madrileño Francisco Granados. Seguía las instrucciones de Marjaliza sobre cuándo y a quien facturar, manteniéndole puntualmente informado de este y otros aspectos que atañen a su sociedades. Además se ha detectado que estaría articulando un procedimiento para adjudicar a la empresa de Eduardo de la Peña unas obras subvencionadas para la rehabilitación de un río de la localidad. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 60.000 euros).

Antonio Borrego Fortea: Jefe de Gabinete de Jose María Fraile en Parla. Gestiona uno de los cohechos acordados que se habría materializado mediante una supuesta donación de Cofely y controla la ejecución del contrato, siendo conocedor de todos los parámetros irregulares de su preparación y adjudicación. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 60.000 euros)

David Marjaliza: Empresario vinculado a la gestión inmobiliaria se define en su página web como una persona "trabajadora, profesional, esforzada y sacrificada". "A pesar de los años continúo con la misma energía y ganas de mejorar cada día, de ahí surge esta web en la que os informaré de todos mis movimientos, negocios e inversiones", argumenta Marjaliza quien destaca la "profesionalidad" y el "trabajo" como "las constantes que han marcado" su vida.

José María Fraile: Alcalde de Parla (PSOE). Como regidor participa en los órganos de contratación del Ayuntamiento y seria conocedor de los pagos comprometidos por Cofely que se adjudicó un contrato de 54 millones de euros. Se detectó que se había seleccionado como empresa auditora a Ruta Energética (vinculada a Marjaliza), que encubrió el pago de la comisión pactada por la adjudicación, y la entrega de cohechos a autoridades y funcionarios del Ayuntamiento que han intervenido en el contrato. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 60.000 euros)

José Antonio Alonso: El exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso es otro de los detenidos. Desde la Delegación del Gobierno de Murcia, que no ha llegado a confirmar la información, han indicado que las actuaciones están declaradas secretas.

Jesús Norberto Galindo: Gerente del Instituto de Turismo de Murcia. Se encarga de materializar el procedimiento público de contratación concertado para ser adjudicado a Alejandro de Pedro, articulando con este la presentación de ofertas y la justificación del contrato, que son redactadas y facilitadas por él. (Libertad con la obligación de comparecencia mensual).

Antonio Cándido Ruiz García: Administrador y socio de empresas vinculadas a David Marjaliza. Se le atribuye la condición de testaferro de éste, actuando como tal al objeto de evitar la vinculación de la actividad empresarial y de sus beneficios con Marjaliza. (Prisión provisional eludible bajo fianza de 25.000 euros).

Agústin Juárez López de Coca: Alcalde de Collado Villalba (PP). Existen evidencias de que adjudicó un contrato a Cofely por 39 millones de euros y a cambio los miembros de la Corporación local implicados recibirían al menos de la multinacional francesa varios pagos de 70.000 euros, materializados en un sistema de facturas falsas entre empresas de Marjaliza y Cofely. (Libertad bajo fianza de 40.000 euros con comparecencia mensual).

Avelino Pérez Pallares: Asesor de IU en la Concejalía de Sostenibilidad, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Parla. Encargado de la supervisión del contrato de 54 millones de euros adjudicado a Cofely en este municipio e intermediario en los pagos y la partida presupuestaria del contrato. (Libertad bajo fianza de 20.000 euros con comparecencia mensual).

José Martínez Nicolás: Consejero delegado de la Agencia de informática y comunicación de la Comunidad de Madrid. Participa en la trama de facturas falsas que se emplean para pagar los trabajos realizados por Alejandro de Pedro de reputación de altos cargos de la Comunidad de Madrid. (Libertad con la obligación de comparecencia mensual).

David Rodríguez Sanz: Alcalde de Casarrubuelos (PP). Se pone totalmente en manos de Pedro García y Marjaliza para la redacción de los pliegos de un contrato de eficiencia energética, lo que le facilita a Cofely un conocimiento e influencia privilegiados sobre el contrato de cara a su adjudicación. (Libertad con la obligación de comparecencia mensual)

Alejandro Utrilla Palombi: Concejal de Medio Ambiente de Móstoles. En este municipio se adjudicó a Cofely un concurso por 72 millones de euros, que concurrió en una situación de ventaja frente a otros fruto de acuerdos previos. Se reúne con Cofely para abordar la entrega y justificación de 240.000 euros que la empresa tiene comprometida en este municipio. (Libertad con la obligación de comparecencia mensual)

Marcos Durán Benítez: Técnico municipal del Ayuntamiento de Serranillos del Valle (PP). Alteró la valoración de las ofertas de un concurso de un contrato de eficiencia energética del municipio para favorecer la adjudicación del mismo a Cofely, con la connivencia del alcalde. (Libertad con la obligación de comparecencia mensual)

Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela: Empresario. Participa junto a Alejandro de Pedro en la articulación de los procedimientos públicos de contratación de la Diputación de León que están predeterminados a su adjudicación a empresas vinculadas a aquel. (Libertad con la obligación de comparecencia mensual).