Educación destinará 60 millones a retirar el amianto en los colegios hasta 2022

Parte de la cubierta del colegio José Calderón de Campanillas, visiblemente deteriorada. :: Álvaro cabrera
Parte de la cubierta del colegio José Calderón de Campanillas, visiblemente deteriorada. :: Álvaro cabrera
  • El centro docente José Calderón de Campanillas figura en la treintena de intervenciones urgentes que se acometerán este año en toda Andalucía

Su anuncio a cinco días de las elecciones generales y sin fijar plazos ni presupuestos generó bastante escepticismo, pero la realidad es que la Junta de Andalucía cumplió ayer su compromiso de aprobar un plan para la retirada progresiva del amianto en los centros educativos de la región entre 2016 y 2022, que contará con un presupuesto de 60 millones de euros. Según los cálculos iniciales de la Consejería de Educación, serían unos 220 los colegios e institutos andaluces en los que existirían estructuras (fundamentalmente cubiertas) de este material, conocido popularmente como uralita porque así se llamaba la empresa que lo comercializó en España y que está prohibido desde 2001 al constatarse su vinculación con graves enfermedades del aparato respiratorio. Una cifra que se quedaría muy lejos de las estimaciones de los colectivos ciudadanos. Sólo en la provincia de Málaga, en una ligera inspección realizada por la plataforma Málaga Amianto Cero se detectó a simple vista en las cubiertas de 24 de los 80 colegios visitados, por lo que extrapolando este 30% a toda una provincia con cerca de 800 centros y teniendo en cuenta que este material también se utilizó en sistemas de aislamiento y tuberías, se cree que pueden rondar los doscientos.

A falta de que se elabore un censo con todos las infraestructuras educativas afectadas, el programa aprobado ayer por el Consejo de Gobierno se desarrollará en dos etapas. La primera, que abarcaría hasta el año 2020 con un coste de 40 millones, tendrá como objetivo elaborar un registro de instalaciones, tanto municipales como autonómicas (escuelas infantiles, colegios, institutos, centros de educación especial, escuelas de idiomas o residencias escolares), en los que se intervendría de forma compatible con el calendario escolar para no interferir en las clases y, sobre todo, no poner en riesgo al personal docente ni al alumnado, ya que aunque la mera presencia de fibrocemento no es perjudicial para la salud, sí que lo es cuando se manipula (perforándolo o cortándolo) o se rompe.

Precisamente por éste último motivo -el desprendimiento reciente de una pequeña parte de la cubierta- y por la presión que los padres viene ejerciendo desde hace ocho años, uno de los 30 colegios en los que se actuará este mismo año por vía de urgencia será el José Calderón de Campanillas, cuyo caso ya ha sido llevado a la Fiscalía de Menores. Desde la Consejería de Educación únicamente pudieron confirmar a SUR la presencia de este centro en ese listado de intervenciones que no admiten más demora, pero sin descartar que puedan figurar otros centros de la provincia.

La segunda fase, a desarrollar entre 2021 y 2022 con una inversión de 20 millones, se centrará en el resto de instalaciones afectadas. En cualquier caso, tanto los plazos como los recursos asignados a cada intervención dependerán de la conservación y vida útil del material evaluado (el amianto se deteriora a partir de los 40 años, aproximadamente), así como del tamaño de la estructura, si está en un lugar accesible y de si requiere o no material de reposición.

Satisfacción en Málaga

Frente al escepticismo de hace dos semanas, en Málaga Amianto Cero reconocían ayer estar satisfechos con el paso dado por el Gobierno autonómico. «El plan tiene lo que pedíamos: un inventario, un calendario, un presupuesto y la garantía de que el desmantelamiento se hará con empresas especializadas», afirmaba el presidente de este colectivo Francisco Puche, quien pese a considerar que le parecen pocos los 220 centros que calcula la Junta, sí que aplaudió la iniciativa. «Hace unos meses nadie apostaba por esto pero, afortunadamente, las cosas están cambiando y por fin se ha dado el paso políticamente, que debe ser suficiente para impulsar el plan y ponerse manos a la obra».