Un grupo inversor ruso lanza una oferta por las torres de Repsol de Málaga

De momento, en el denominado banco malo admiten la negociación y que se está estudiando la propuesta, que consiste en abonar en torno a 300 euros por cada uno de los 40.196 metros cuadrados de edificabilidad (unos 12 millones de euros). Más reacios se muestran en el Consistorio, ya que con ese precio por sus aprovechamientos residenciales libres (53.017 metros cuadrados distribuidos en tres torres) apenas percibiría 16 de los 42 millones previstos si se abonaran los cerca de 800 euros por metro cuadrado en los que fueron tasados hace una década al calor de la burbuja inmobiliaria, y que junto al resto de usos (400 VPO y 25.544 metros de áreas comerciales) alcanzarían los 70,3 millones en los que se valoró entonces la parte municipal.

Una vez que parece descartado que el Ayuntamiento vaya a anular el planeamiento vigente para crear el gran parque que promueven los grupos de la oposición (cada uno con sus matices) al amparo de un movimiento vecinal, la disyuntiva que se plantea ahora en el equipo de gobierno es si merece la pena seguir esperando a que aparezca un comprador dispuesto a pagar por los terrenos de Juan XXIII según la valoración original (lleva tres años sin conseguirlo) o renunciar a parte de 70,3 millones a cambio de impulsar de una vez por todas el proyecto residencial más ambicioso diseñado en la ciudad en los años dorados del boom inmobiliario.

El problema es que a día de hoy existe un informe de la Intervención General que establece que la ciudad no puede enajenar esos derechos urbanísticos por menos de esa cuantía, que es la que cobró en especie tras la modificación en 2012 del convenio urbanístico para desarrollar la finca. ¿Se podría realizar una nueva tasación? En principio, sí, aunque debería estar muy bien justificada. Como antecedente similar podría servir lo ocurrido con el convenio urbanístico de la Térmica, que tampoco vio la luz y que a cambio de condonar a Nueva Marina Real Estate el pago de los 58 millones a los que estaba obligada la ciudad se quedó con el 90% de los aprovechamientos, con el visto bueno de la Intervención, pese a que el propio gobierno local admitía que su valor no equivale a ese montante.

«Entre la adquisición del suelo y su desarrollo, incluida la urbanización y el parque, estaríamos hablando de una inversión de unos 140 millones de euros que a día de hoy sigue bloqueada porque un informe dice que esos terrenos tienen un precio que jamás volverán a alcanzarse y que resultan inviables para cualquier inversor, como lo demuestra el hecho de que nadie esté dispuesto a pagarlo», afirma un representante de Avto Garant, un holding que abarca a una veintena de empresas rusas. Sobre la diferencia económica, aseguran que en las reuniones celebradas con la cúpula de la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha llegado a plantear la posibilidad de compensarla por otra vía como asumir la construcción de los bloques de VPO o incluso repartir beneficios.