Un juez declara nulo el permiso de la Junta con el que funciona la fábrica de La Araña

En el año 2002, el Gobierno central aprobó la Ley de Prevención Integrada de la Contaminación, una norma que obligaba a instalaciones como la fábrica de cemento de La Araña, propiedad de FYM, filial española de Italcementi Group, a contar con lo que se denomina autorización ambiental integrada, un permiso que tenían que otorgar las comunidades autónomas y que debía aglutinar otras muchas autorizaciones e informes sobre diferentes aspectos relativos a la contaminación atmosférica, el ruido y cuestiones relativas a la geología y el urbanismo, y a las medidas de seguridad en caso de accidentes. El plazo límite para obtenerlo se fijó en el día 30 de octubre de 2007.

En 2003, el Ayuntamiento otorgó los permisos para la reforma de la fábrica, que tres años más tarde, en 2006, obtuvo de la Junta una subvención de 1,2 millones de euros para las modificaciones en sus instalaciones, valoradas en total en más de 60 millones de euros. Un año después, la misma Administración regional, concedió la autorización ambiental integrada, en concreto lo hizo el 23 de julio de 2007, por una resolución del entonces delegado de la Consejería de Medio Ambiente, Ignacio Trillo.

En diciembre de 2008, la Asociación de Vecinos El Candado, defendida por el abogado Gonzalo García Weil, presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Málaga que, casi seis años después, ha sido estimado.

Sin acceso al expediente

En una sentencia del pasado 14 de mayo, a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado declara «nula de pleno derecho, con todos los efectos derivados de dicha declaración» la autorización que la Consejería de Medio Ambiente otorgó a la fábrica en 2007 y con la que ha venido operando desde entonces. Para ello da la razón a los vecinos en el sentido de que el permiso se evacuó sin comprobar adecuadamente que la fábrica cumplía con los requisitos establecidos por la ley estatal en materias como las emisiones contaminantes a la atmósfera, los niveles de ruido, el impacto sobre el terreno y los planes de seguridad en caso de accidentes. Además, los avala en el sentido de que la asociación no tuvo el acceso que por ley le correspondía al expediente durante su tramitación.

Los efectos que puede tener esta sentencia aún no están claros puesto que todavía no es firme. De hecho, ha sido recurrida tanto por la Junta como por la cementera ante el TSJA. No obstante, los vecinos se congratulan de lo «contundente» del fallo y subrayan su importancia después de todos los años transcurridos en su lucha por defender sus derechos.

Además, lamentan que el modo de actuar por parte del Gobierno andaluz, y también del Ayuntamiento como administración que permitió las obras de renovación de la fábrica y que no emitió uno de los informes preceptivos para la aprobación de la autorización ambiental integrada, haya supuesto a la postre un perjuicio tanto para ellos, que denuncian padecer los efectos nocivos de la cercanía con la instalación, como para la propia cementera.

El secretario de la Asociación de Vecinos El Candado, Manuel Grund, apuntó que «no se descarta la posibilidad de poner en conocimiento de la Fiscalía otra serie de licencias y aprobaciones de otras administraciones públicas referidas igualmente a la cementera para, en caso de que así lo estime conveniente el Ministerio Público, extender a las mismas las diligencias de investigación que puedan incoarse».