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osé Manuel López Merino, en una imagen de archivo.
El gerente de Puerto Marina, condenado a seis meses de cárcel

El gerente de Puerto Marina, condenado a seis meses de cárcel

José Manuel López Merino, vicepresidente de UCB, partido que gobierna en coalición con el PP en Benalmádena, ejerció como abogado sin estar colegiado ni tener titulación

Alberto Gómez

Lunes, 17 de noviembre 2014, 14:14

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El gerente del puerto deportivo de Benalmádena, José Manuel López Merino, ha sido condenado esta mañana a seis meses de cárcel por ejercer como abogado sin estar colegiado ni tener titulación. El juez ha aceptado la petición de la defensa de López Merino, vicepresidente de UCB, partido que gobierna en coalición con el PP en el municipio, de sustituir la pena de prisión por el pago de una multa superior a los 3.600 euros y la inhabilitación para cargo público. Según el Colegio de Abogados de Málaga, que ha actuado en el caso como acusación particular, el gerente del puerto deportivo se presentó durante años como director jurídico de su partido, responsabilidad bajo la que asesoró a decenas de personas «sin tener estudios jurídicos de ningún tipo».

López Merino también figura como abogado del líder de UCB, Francisco Salido, en dos atestados policiales, y llegó a ejercer, «con toga incluida», en defensa de las concejalas Concepción Tejada y Encarnación Cortés durante un juicio. Fue precisamente el marido de Cortés, Alberto León, quien interpuso la denuncia tras descubrir que López Merino no estaba colegiado pese a haberle asistido en comisaría tras un incidente en un bar. A su salida del Juzgado de lo Penal número 11 de Málaga, el vicepresidente de UCB, que llegó a dar un número de colegiado que no le corresponde como suyo el 1777, que en realidad pertenece a un abogado del norte del país, ha admitido los hechos por los que ha sido condenado. «Los errores se pagan», ha asegurado.

Comedor social

UCB atraviesa por un momento clave después de que varios de sus integrantes, entre los que se encuentra el propio López Merino, fueran imputados hace dos semanas por el caso del comedor social, cuya asociación no ha justificado más de 260.000 euros de los 300.000 recibidos en subvenciones procedentes de las arcas municipales, y tras hacerse público que Francisco Salido tiene contratados a sus dos hermanos y su cuñado como cargos de confianza. Los tres familiares del socio de gobierno del PP cobran cada uno 39.000 euros anuales, Seguridad Social incluida.

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