El socio del PP en Benalmádena tiene contratados como asesores a dos hermanos y un cuñado

Salido alega que sus familiares «tienen la formación suficiente para realizar las labores que se les encomiendan», pero, al ser preguntado sobre sus funciones y experiencia específicas, asegura: «Hay de todo; un empresario, un gerente en distintos gremios y una auxiliar administrativa». El candidato del PSOE a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, Víctor Navas, critica la falta de información al respecto y acusa al Gobierno local de «opacidad». Este mismo partido ya denunció que Salido «es uno de los pocos concejales de municipio en España» que aún mantiene escolta privada, algo que cuesta a las arcas locales unos 200.000 euros anuales. El líder de UCB y la alcaldesa, Paloma García Gálvez (PP), justifican esta medida por la existencia de informes firmados por el jefe de la Policía Local que así lo aconsejan.

El asunto viene de largo. Hace dos años, en sesión plenaria, el concejal de Personal, José Antonio Serrano (PP), admitió desconocer el número de asesores que el primer teniente de alcalde mantenía en las concejalías dirigidas por UCB. Salido tiene contratados a sus dos hermanos y su cuñado desde comienzos de la legislatura, cuando gobernaba en coalición con PSOE e IU. Meses después, el primer teniente de alcalde presentó una moción de censura junto al PP, lo que llevó a García Gálvez, por entonces diputada nacional, a la Alcaldía.

Salido está actualmente en conversaciones, como él mismo aseguró a este periódico, para formar parte como número dos de la lista municipal del grupo popular en los comicios de 2015. La estrategia, que supondría la disolución de UCB, respondería a un intento de la cúpula del partido a nivel provincial para evitar gobernar mediante alianzas, como ha ocurrido en las dos últimas legislaturas, cuando el PP llegó al Gobierno local tras sendas mociones de censura.

El desfase económico de la asociación que gestiona el comedor social, con más de 260.000 euros sin justificar de los más de 300.000 recibidos en subvenciones desde 2011, según un informe de fiscalización realizado por el interventor municipal, puso en jaque a la alcaldesa, obligada a convocar un pleno extraordinario en octubre para que su compañero de coalición diera explicaciones. García Gálvez aseguró entonces que no tomaría decisiones políticas hasta la resolución del proceso, pese a que la oposición en bloque reclamó «el cese inmediato» de Salido. La semana pasada se hizo público que tanto el primer teniente de alcalde como otras cinco personas relacionadas con la asociación, entre los que también figuran su hermano y su cuñado como voluntario remunerado y secretario de la misma, respectivamente, eran imputados por este caso.

No son buenos tiempos para UCB. Su vicepresidente y mano derecha de Salido, José Manuel López Merino, declarará el lunes por ejercer presuntamente como abogado en un juzgado sin estar colegiado. López Merino también está llamado a declarar como imputado por el asunto del comedor social. Pese a que el primer teniente de alcalde se aferra a la presunción de inocencia «Hoy en día admiten a trámite cualquier cosa, pero yo nunca he perdido un juicio», afirmó a SUR, lo cierto es que algunos miembros del Gobierno local ya han mostrado su desacuerdo en privado por la posible inclusión de Salido y otros miembros de UCB en la lista del PP.