Los dueños de casas irregulares buscan el apoyo internacional

La asamblea de SOHA apoya llevar el tema de las casas ilegales ante las Naciones Unidas. :: A. peláez
La asamblea de SOHA apoya llevar el tema de las casas ilegales ante las Naciones Unidas. :: A. peláez
  • Acudirán a la ONU al entender que los ayuntamientos, como causantes del problema, no pueden ser los que digan qué viviendas se pueden regularizar

La Asociación Save Our Homes de la Axarquía -en español Salvemos Nuestras Casas (SOHA )-, que agrupa a más de 400 ciudadanos extranjeros y españoles con viviendas irregulares en la comarca, no se dan por vencida en su lucha para conseguir la legalización plena de sus propiedades. El colectivo, que se ha distinguido por ser uno de los que más está luchando a nivel andaluz en favor de la regularización de las construcciones en el campo, parte de la base de que siempre actuaron de buena fe y que fueron los ayuntamientos los que no cumplieron la normativa al otorgarles las licencias de obras de manera irregular o bien cuando se concedieron los permisos no existía ningún tipo de impedimento. Por ello, nunca han estado de acuerdo con la aplicación retroactiva de determinadas normas como el Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía (POTAX) o el propio Decreto 2/2012 que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía. Para SOHA, la reatroactividad de estas normas es «inconstitucional».

En un intento de defender la legalidad de sus viviendas, el colectivo decidió anoche en su asamblea anual, celebrada en La Viñuela, buscar apoyo internacional y llevar el asunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (ONU), un trámite para el que ya cuentan con un bufete de abogados malagueño.

Los afectados consideran que los ayuntamientos no pueden ser los organismos encargados de decidir qué viviendas pueden ser legalizadas o cuales sólo pueden aspirar a ser Asimilado a Fuera de Ordenación, según establece el Decreto 2/2012, al ser los causantes del problema, sobre todo en los casos de casas construidas con licencias que después han resultado ser nulas.

Lo que SOHA pretende es que el Comité de Derechos Económicos de la ONU medie en la solución del problema o en su caso dicte una resolución que obligue a modificar la normativa y les reconozca como viviendas legales. Además reclamarán su derecho a una vivienda digna, tal y como se contempla el pacto internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Otro de los grandes objetivos de SOHA es lograr el reconocimiento de Legal Fuera de Ordenación para los dueños que adquirieron o construyeron su viviendas de buena fe y alejarse definitivamente de la figura del Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO), que en ningún caso supone la legalidad de sus edificaciones. Según el presidente de SOHA, Philip Smalley, los abogados de la asociación han entregado ya a la Dirección General de Urbanismo de la Junta, una propuesta en este sentido.

Para los afectados, existe una gran diferencia entre ser AFO y contar con el reconocimiento de Legal Fuera de Ordenación, ya que la primera figura supone una importante devaluación de sus casas.