Los narcos enseñan los dientes

La situación no es nueva, porque el narcotráfico es un cáncer que sufre el Campo de Gibraltar desde hace más de tres décadas. La comarca, muy deprimida y con tasas de paro que rozan el 40%, cuenta con 268.000 habitantes repartidos en siete municipios (Algeciras, Los Barrios, La Línea de la Concepción, San Roque, Tarifa, Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera) y tiene un enclave diabólico. Linda con Gibraltar, en el punto de mira por el blanqueo de capitales, y está a solo 14 kilómetros de Marruecos, el primer productor mundial de hachís (por delante de Afganistán, según el último informe presentado en 2016 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). Tal proximidad convierte a esta zona de la costa andaluza en la puerta de entrada de la droga en Europa y en uno de los puntos calientes del tráfico de estupefacientes en el mundo.

Las fuerzas de seguridad allí destinadas están acostumbradas a lidiar con las mafias, pero no con sus nuevos modales, mucho más virulentos. «Han cambiado su modus operandi. Ahora la consigna es ir contra los agentes», asegura David Montes, secretario regional en Andalucía de la Unión Federal de Policía (UFP).

«Actitud desafiante»

La propia Fiscalía antidroga de Cádiz ya alertaba en su informe de 2015 de la «actitud desafiante» de los traficantes. Responden así al cierre con barreras de la desembocadura del que hasta ahora era conocido como el río de la droga, el Guadarranque, hace seis meses. La instalación de la barrera antinarcos no solo ha derivado el tráfico de drogas hacia otras playas del litoral gaditano, sino que ha puesto en pie de guerra a los contrabandistas. «Se han vuelto más agresivos. Ahora, los paleros (bandas dedicadas a robarle los alijos a otras mafias) se hacen pasar por policías para hacerse con la droga de otros. Van armados y no dudan en abrir fuego si se ven amenazados. No hay casi ningún vehículo de los que se intervienen que no lleve semiautomáticas, recortadas o pistolas. Lo último fue encontrar en uno falsos chalecos de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dedicada a la investigación del crimen organizado)», detalla Juan Encinas, portavoz en Cádiz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Asegura que la aparición de estas bandas ha multiplicado el riesgo para las fuerzas de seguridad, que se ven envueltas en continuos tiroteos.

Tampoco les tiembla el pulso en el mar, donde hace un año arrojaron a un menor delante de la patrullera de la Guardia Civil. «La pericia del piloto, que maniobró bruscamente, evitó una desgracia. Sabían que pararíamos para salvar al joven, que además no sabía nadar, y así podrían escapar. No les importa nada; solo salvar la droga», recuerda un agente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Para el transporte del hachís, utilizan embarcaciones semirrígidas, de entre 12 y 15 metros de largo y tres de ancho, que pueden alcanzar los 65-70 nudos, unos 120 kilómetros a la hora en el mar. «Una barbaridad», según los expertos. Suelen llevar dos o tres motores de 250 cv, lo que les permite ir y volver a por el cargamento en un par de horas. «En velocidad nos dan siete vueltas, pero no en experiencia, por eso aprovechamos cualquier descuido o error para darles alcance», apunta el agente, que pone un ejemplo del descaro con el que actúan estas mafias: «Lo último que han inventado es utilizar otras lanchas para rodear a la patrullera y hostigarla mientras que la que está cargada con la droga intenta zafarse».

Las fuerzas de seguridad viven bajo amenaza constante, soportan intimidaciones que no se quedan en simples avisos y que les ha obligado a tomar medidas extraordinarias para protegerse, como estacionar los coches particulares dentro del acuartelamiento. A menudo tienen que escuchar advertencias del tipo: «Ya te cogeré cuando no lleves uniforme» o el clásico «Me he quedado con tu cara», que en este caso es verdad porque han tenido que soportar intimidaciones cuando pasean tranquilamente con la familia vestidos de paisano: «Ahora no eres tan valiente, ¡eh!».

José Antonio Belizón, delegado provincial en Cádiz de la Asociación Española de Guardia Civiles, asegura que las presiones son «insoportables». «Muchos compañeros tienen que aguantar que les sigan en sus días libres, que les hagan fotos o que los increpen cuando van al supermercado con sus hijos». Denuncia que las amenazas las cumplen, que hay agentes que a diario se encuentran sus coches con daños en retrovisores o, el caso más grave que ocurrió la primavera pasada, cuando a un guardia que trabajaba en el equipo de delincuencia organizada de la Comandancia de Cádiz, le quemaron su vehículo particular. En ese momento, investigaba al clan de los Antones, cuyo cabecilla era Antonio Vázquez Gutiérrez, uno de los mayores narcotraficantes de Barbate. Ejemplos no faltan. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles corroboran esta situación: «Un compañero de Algeciras despertó un día con su coche particular lleno de pintadas y con las cuatro ruedas pinchadas». El colmo de la indignación llegó hace apenas tres días, cuando un guardia civil, que se dirigía a las 5.45 oras de la madrugada del viernes a su puesto en La Línea en su vehículo particular, fue interceptado por un grupo de narcos, que lo reconocieron, lo persiguieron y tras darle alcance lo sacaron del coche y le dieron una paliza mientras le llamaban «chivato», como se dirigen a los guardias civiles. El agente se recupera de heridas en la cara que han precisado puntos.

Lo cierto es que donde antes los narcos abandonaban la droga y huían nada más ver un uniforme, ahora se enfrentan a sus efectivos; donde había persecuciones ahora hay embestidas a los vehículos y barcos policiales e intento de atropello a los agentes. Juan Fajardo, secretario local de la Confederación Española de Policía en Algeciras, recuerda cómo dos compañeros suyos salvaron la vida de milagro el pasado enero en La Línea, cuando al darle el alto a dos sospechosos de narcotráfico trataron de arrollarlos sin pudor . «Uno pudo saltar a un muro y el otro se metió en el coche patrulla, que sufrió una embestida de los contrabandistas. Si no, no lo cuentan», relata Fajardo.

A más de 180 por la autovía

Sucesos similares tienen como protagonistas a decenas de policías y guardias civiles. Un agente de baja con secuelas graves nos cuenta el episodio que le llevó al borde de la muerte. Le había confesado a su compañero que quería cambiar de destino, trabajar en la frontera, aunque allí tuviera que lidiar con las matuteras, que prefería eso a los narcos. «Esto se está poniendo muy complicado; un día de estos me matan», auguraba este funcionario destinado a Seguridad Ciudadana en un municipio del Campo de Gibraltar. Ya antes había escapado de varias persecuciones. Siempre ileso. Pero un control rutinario de tráfico le cambió la vida. Dio el alto a un vehículo que le pareció sospechoso. De alta gama, con cristales tintados y barras delanteras de hierro, como las que suelen llevar ahora los coches lanzaderas que utilizan los narcos para embestir a las patrullas y así abrirse camino con la droga. Su olfato de más de 25 años de uniforme no le falló. El conductor escapó del control como un misil y el agente y su compañero emprendieron una arriesgada persecución a más de 180 kilómetros por hora por una autovía congestionada. Recorrieron varios kilómetros hasta que al situarse en paralelo a los delincuentes, estos empezaron a embestir el coche patrulla contra el guardarraíles, una y otra vez hasta que lograron echarlo de la calzada convertido en un amasijo de hierros. «Hace unos años, habrían abandonado el vehículo con la droga y habrían escapado campo a través; ahora, atacan. Saben que merece la pena correr el riesgo: si sale bien, se salvan ellos y la droga y si sale mal, a los dos días estarán en la calle», lamenta este agente que permanece de baja recuperándose de las heridas.

Para José Cobo, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles, hay una sensación de total impunidad. «Saben de nuestras carencias y están envalentonados», afirma. Este colectivo, junto con la Confederación Española de Policía, salió a la calle hace dos semanas para reclamar al Gobierno más medios y personal para afrontar lo que ellos consideran una «escalada» del narcotráfico. «Actualmente, hay destinados 2.200 policías nacionales en la provincia de Cádiz, la mitad en el Campo de Gibraltar, cuando se necesitaría al menos un 25% más», indica David Montes, de la UFP. Realidad similar sufre la Guardia Civil, con dos comandancias, una en Cádiz y otra en Algeciras. Sólo ésta, con 800 hombres y mujeres, precisaría el doble, según los denunciantes. «Cubrir 30 kilómetros de costa con una sola patrulla es inabarcable». Dicen estar «vendidos», porque desde que sale la patrulla de la comandancia hay vigilantes, conocidos como puntos o aguaores, encargados de transmitir su posición a los narcotraficantes y advertirles si se aproximan mientras están alijando.

Quienes conocen la zona aseguran que esta escalada de la violencia solo es posible por la connivencia social de la red a la que los narcotraficantes «dan de comer». Asolada por el paro, una parte de la población encuentra en el contrabando de hachís convertido en una industria para la zona un lucrativo modo de vida que justifica por la falta de oportunidades laborales. En este caldo de cultivo, los traficantes pueden llegar a pagar hasta mil euros solo por alertar de la posición de la policía o 6.000, por guardar la droga. «El tráfico de hachís no está mal visto y algunos hasta alardean de ello. Que un joven de 20 años vaya a clase conduciendo un Audi no es muy normal, pero aquí es bastante común», indica un agente de la Benemérita.